Los impuestos son un clásico de los programas electorales. Las propuestas fiscales revelan el ADN de los partidos, siempre y cuando los compromisos adquiridos en las dos semanas de campaña se materialicen a lo largo de la legislatura, que no siempre es así. La subasta de tributos que acompaña la liturgia electoral viene condicionada en esta ocasión por las advertencias realizadas desde Bruselas acerca del incumplimiento del límite de déficit en el que podría incurrir España, tanto en el ejercicio que está a punto de echar el cierre como en el de 2016, tras un primer análisis del Presupuesto aprobado en el tramo final de la legislatura.

Pese a los diferentes objetivos en política fiscal, los principales partidos coinciden en el agotamiento del actual sistema que, a la vista de los programas, requerirá una cirugía mayor, una reforma que ponga orden, equidad y progresividad. La comparación realizada por algunos expertos resulta de lo más gráfica y elocuente: el modelo fiscal español se ha convertido en un queso gruyere, lleno de agujeros, cuando lo deseable sería algo más parecido a un queso manchego, más compacto.

Uno de los análisis más críticos con el sistema impositivo puede encontrarse en el programa del PP. "La política fiscal ha impedido la flexibilización de la economía y ha desincentivado el ahorro y el emprendimiento. Nuestro sistema no está adaptado a un mundo que ha cambiado", afirman los populares, que prometer "modernizar" el IRPF con las siguientes iniciativas: fomentar el ahorro a largo plazo con una nueva deducción por el incremento anual del mismo que incluya la adquisición de la vivienda habitual, mejorar la tributación de los planes de pensiones y elevar los mínimos familiares.

El PSOE propone crear una comisión de expertos para, en seis meses, disponer de un sistema de mayor progresividad que permita "gravar adecuadamente la riqueza". También UP-IU y Podemos defienden una mayor equidad, empezando por el IRPF. La coalición quiere limitar las ventajas de los planes de pensiones mientras que el partido morado es partidario de extender esa progresividad en el tramo autonómico del IRPF, poniendo coto a las bonificaciones que aplican algunas autonomías como Madrid, reduciendo los tipos mínimos sobre las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros y aumentándolos para las rentas por encima de esta cantidad. Ciudadanos propone rebajar el 3% en el impuesto de la renta y reducir a cuatro los tramos de este impuesto, además de crear un complemento salarial, una especie de impuesto negativo para las rentas más bajas, que se podría cobrar como deducción mensual o en un solo pago. "En España muchos ciudadanos muy ricos pagan pocos impuestos", apunta el partido naranja como prioridad para la reforma. UPyD reclama una mayor armonización fiscal, una prioridad también para Ciudadanos.

El tratamiento del impuesto de sucesiones tiene igualmente capítulo propio en los programas de buena parte de los partidos, con un concepto clave, una mayor simetría y armonización para evitar fenómenos como la deslocalización de personas y empresas. La preocupación por el distinto trato que reciben los herederos rebasa los límites del Pajares o el Negrón. "Las distorsiones a las que se enfrentan los ciudadanos pueden suponer, por ejemplo, que un asturiano elija ir a morirse a Madrid para reducir el impuesto. Estas distorsiones son inaceptables", reza el programa nacional de Ciudadanos. El PSOE reivindica un mínimo común para todo el país mientras que Podemos reclama bonificaciones para las rentas medias y bajas y, por el contrario, la derogación de las bonificaciones que aplican algunas autonomías y que acaban siendo exenciones totales, sea cual sea el nivel de renta de los herederos. El partido morado quiere evitar que situaciones de pobreza "no puedan ser determinantes de renuncias indeseadas a la herencia". El PP, partido que ha enarbolado en Asturias la bandera de la rebaja de este impuesto para su homologación con las autonomías que menos pagan, no hace mención detallada a este tributo en su programa fiscal, al igual que IU, mientras que UPyD exige una mayor armonización.

La revisión de los tipos del IVA es objeto de análisis. El PP propone aplicar el tipo superreducido a la compra de pisos, así como introducir una modificación para que los autónomos y las pymes no paguen el IVA hasta que cobren las facturas. El PSOE plantea rebajar el tipo a las actividades culturales como el cine, el teatro y la música así como tipos reducidos a libros, periódicos y revistas mientras que IU quiere establecer un tipo del 35 por ciento a las bases imponibles a partir de un millón de euros. La reforma que defiende Ciudadanos es ambiciosa: proponen eliminar el tipo superreducido del 4% para dejar sólo dos, el reducido, al 7% para los bienes de primer necesidad que tenían el superreducido, los productos culturales y la hostelería, y el general del 18%.

Recuperar patrimonio

La recuperación del impuesto de patrimonio en todo el país es una de las iniciativas de Podemos, que propone reducir el mínimo exento a 400.000 euros y que se evite la competencia entre autonomías. El PSOE también sugiere aplicar un mínimo común en todo el país. Y en el de sociedades, los populares lleva aplicar un tipo del 20% a empresas de tamaño reducido y simplificar las deducciones mientras que el PSOE es partidario de una tributación mínima del 15% para las grandes empresas que liquidan sus impuestos en otros países. Ciudadanos apuesta por establecer un nuevo tipo del 20%.

En lo que coincide la práctica totalidad de partidos es en la necesidad de perseguir el fraude fiscal. El PP habla de perseguir los patrimonios que huyen a "paraísos fiscales", el PSOE pretende crear 5.000 empleos en la Agencia Tributaria y que todos los delitos fiscales sean graves, así como un mayor control a las SICAV, para las que pretende una nueva legislación UP-IU. La coalición quiere ampliar el período de prescripción del fraude y UPyD aboga por prohibir las amnistías fiscales. Entre las novedades tributarias, los socialistas incluyen impuestos ecológicos, Podemos reclama una ecotasa sobre actividades turísticas, grandes superficies y sobre las bolsas de plástico e IU nuevos tributos sobre objetos de lujo y por el aumento del patrimonio durante los años de la crisis (2010-2015).