La citación del empresario Joaquín Molpeceres para que declarara este lunes por su presunta vinculación con la trama de blanqueo de capitales en el 'caso Lezo' ha puesto punto y final a las comparecencias de los más de 60 imputados en esta causa, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción estudie toda la documentación de la que dispone por si viera necesario imputar a otros presuntos responsables.

Según han informado fuentes fiscales, Molpeceres, propietario de la empresa Licuas -adjudicataria de contratos de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid-, se ha negado a declarar ante el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, y el Ministerio Público.

Con esta declaración, y otros imputados en la pieza número 5 de la causa que investiga blanqueo de capitales y en la que también hay implicados familiares del expresidente madrileño Ignacio González, han terminado las citaciones de un caso que estalló a finales del pasado abril y que acumula ya casi 70 imputados.

Entre ellos están el propio González y su socio en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, ambos todavía en prisión provisional. También figuran en esta lista el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; el exconsejero de esta empresa Javier López Madrid; el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez; la esposa y el hermano del expresidente, Lourdes Cavero y Pablo González, respectivamente; y el exgerente de la empresa de gestión de aguas de Madrid Ildefonso de Miguel, entre otros.

En el auto en el que el anterior juez instructor de 'Lezo', Eloy Velasco, dividió la causa en cinco piezas, también se ordenó la citación de más de medio centenar de imputados, que han ido desfilando por la Audiencia Nacional entre septiembre y octubre.

Podría llegar a Gallardón

Según las fuentes consultadas, de momento las citaciones han terminado, pero eso no significa que la Fiscalía Anticorrupción, que continúa estudiando toda la documentación de la que dispone, no vaya a solicitar la imputación de más presuntos responsables.

Uno de ellos podría ser el también expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, pues la investigación del caso se extiende a 2001, cuando el también exalcalde de la capital y exministro de Justicia presidía el Consejo de Gobierno que aprobó la compra de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Colombia, por 83 millones de euros, un precio muy superior a su valor real.

De hecho, un informe de los fiscales del caso fechado el 28 de noviembre del año pasado ya hacía un relato pormenorizado de la compra de Inassa y ponía al frente de la operación a Ruiz-Gallardón y a "su gente". Además, exponía que tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez Sobrino estaban al tanto de lo sucedido.

Para apoyar estos hechos, en su escrito los representantes del Ministerio Público recogían conversaciones telefónicas en las que aparecen González, Rodríguez Sobrino o el también exministro Eduardo Zaplana en las que el expresidente madrileño aseguraba que Ruiz-Gallardón y "su gente" compraron una sociedad" que no valía ni 30 millones de dólares por cien".

A pesar de que su nombre aparece vinculado a esta causa desde hace casi un año, las fuentes consultadas han indicado que hasta ahora Ruiz-Gallardón no se ha dirigido en ningún momento ni al juez instructor ni a la Fiscalía para ofrecer su versión de la compra de Inassa.