10 de junio de 2018
10.06.2018

Ribera lleva a la UE una apuesta por las renovables que acelera el fin de las centrales

La Ministra corrige la posición que Nadal compartía con el Principado y plantea que el 35% de la energía sea limpia en 2030

10.06.2018 | 00:22
Ribera lleva a la UE una apuesta por las renovables que acelera el fin de las centrales

El cambio en la política energética que preconiza el nuevo Gobierno español se plasmará de inmediato en las negociaciones que en la UE se mantienen sobre la hoja de ruta de la llamada "descarbonización" de la economía. Este lunes, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defenderá en Luxemburgo, donde se reunirá con sus homólogos europeos, que los 28 se marquen como objetivo que en 2030 más del 30% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables. Para alcanzar una meta así, España debería hacer en los próximos años un magno despliegue de tecnologías "verdes" de generación eléctrica que reduciría el hueco de mercado de las centrales convencionales y podría acelerar el cierre de las de carbón.

El compromiso de la UE de reducir drásticamente (más del 80% en 2050 en relación a 1990) las emisiones de dióxido de carbono (CO2, gas responsable del cambio climático) es firme y de lo que se negocie en cumbres como la de mañana depende la velocidad de un proceso con enormes implicaciones económicas y sociales. El paquete normativo que está discusión se refiere al objetivo vinculante de penetración de las energías renovables (eólica y solar, principalmente en el caso de la generación eléctrica). Se debate qué proporción del consumo final de energía (resultante de la transformación de fuentes primarias de energía como el petróleo, el carbón, el sol, el viento...) debe proceder de tecnologías renovables en 2030, uno de los hitos intermedios de la "transición energética".

Están involucradas en esa negociación las tres principales instituciones comunitarias (Europarlamento, Comisión Europa y Consejo Europeo), y existen posiciones disímiles entre ellas y también entre los distintos países. El Consejo defendió en un principio un objetivo del 27%, mientras que el Parlamento aprobó recientemente una resolución que apuesta por el 35%.

¿Cuál es la opinión de España? El Gobierno saliente de Mariano Rajoy, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, se alineó con las posiciones conservadoras del Consejo: partió defendiendo una transición más lenta, con una tasa del 27%, y luego se mostró abierto a llegar al 30% a condición de que se incrementara la capacidad de interconexión eléctrica entre países para favorecer los intercambios y paliar posibles subidas de los precios.

La nueva ministra Ribera llega con otros planes. Su entorno ha transmitido que mañana defenderá un objetivo ambicioso, y algunas informaciones han anticipado que su apuesta estará en torno al 35% que aprobó el Europarlamento con el apoyo del Grupo Socialista y protagonismo en su defensa del exministro español y ahora eurodiputado José Blanco.

Esa posición del Gobierno de Pedro Sánchez ha avivado la preocupación del Ejecutivo asturiano y de algunas formaciones políticas de la oposición, como se puso de manifiesto el pasado viernes en la Junta General del Principado. Ante una pregunta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, el presidente Javier Fernández expuso que alcanzar el 35% renovable en el consumo de energía final en 2030 conllevaría que más del 70% de la generación eléctrica proceda de esas fuentes limpias. La participación de las energías renovables en la dieta eléctrica española ronda ahora el 45%. En el caso de Asturias, aportan apenas el 25% de la producción de kilovatios.

Una hoja de ruta hacia 2030 con esos objetivos de generación renovable aceleraría el final de las térmicas de carbón en la medida en que su participación en el mercado de generación se reduciría más rápidamente. Desaparecería también la posibilidad, ya remota ahora, de que las empresas invirtieran en alguna de las térmicas que no han sido adaptadas a la normativa ambiental para funcionar más allá de 2020. Gas Natural está pendiente de decidir sobre la central de Soto de la Barca (Tineo). Podría convertirse en la siguiente en caer en Asturias, tras el anuncio de Iberdrola sobre el cierre de Lada.

Un rápido e intenso crecimiento de las tecnologías limpias también sería incompatible con mantener la aportación que ahora hacen las centrales nucleares (21%), que junto al carbón tienen en este momento un efecto moderador sobre los precios. Sin embargo, el Ministerio de Teresa Ribera defiende, frente a la opinión del anterior Gobierno y del Principado, que desplegar más placas fotovoltaicas y torres eólicas, combinado con cambios en la regulación del mercado, abarataría la electricidad en lugar de encarecerla. España se puede permitir, según este criterio, cerrar las térmicas de carbón antes de 2025 y las atómicas antes de 2030 (según vayan cumpliendo 40 años). Conforme a la opinión del Gobierno asturiano, ni el país ni Asturias se lo pueden permitir sin asumir riesgos económicos severos.

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