El PSC se ofrece por carta a ERC, Junts y la CUP para sustituir a Laura Borràs en el Parlament

El líder del PSC, Salvador Illa, ha enviado una carta a los presidentes de los grupos parlamentarios de ERC, Junts y la CUP en la que ofrece su apoyo para sustituir a Laura Borràs como presidenta del Parlament. Los socialistas fijaron la primera quincena de septiembre como el plazo límite para resolver la insólita situación en la institución catalana, donde la dirigente de Junts sigue ostentando el cargo pese a que está despojada de sus funciones, pero el desacuerdo de los independentistas impiden un relevo. Ni Borràs quiere dimitir ni Junts prevé forzar ese escenario.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Illa traslada la "disponibilidad" de su grupo para "escoger una presidencia del Parlament con plenitud de funciones" e insiste que la iniciativa para lograrlo corresponde a los partidos que auparon a Borràs al frente de la institución. Aunque a mediados de agosto los socialistas pusieron encima de la mesa el artículo 180 del reglamento de la cámara, que hace referencia a la revocación de cargos designados por el Parlament, los socialistas admiten las dudas jurídicas que supone su aplicación. "Es difícil sustituirla más allá de hacerlo por vía de un acuerdo político", aseguran fuentes socialistas.

La interinidad

Que todo dependa de un pacto entre grupos incrementa el riesgo de que la interinidad de la presidencia se alargue durante meses, una circunstancia que tanto el PSC como ERC han compartido públicamente que no se debería producir. "No podemos ni debemos alargar más esta situación", insiste Illa en la misiva enviada a Josep Maria Jové (ERC), Albert Batet (Junts) y Dolors Sabater. "El acuerdo político es el más posibilista", ha asegurado la portavoz del PSC, Alícia Romero.

En los últimos días, el PSC ha mantenido contactos informales con diputados de otros grupos para hablar, precisamente, de la vía de la revocación, pero es compartido con otros grupos como los 'comuns' que ese precepto hace referencia a cargos como el del Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes y es difícilmente aplicable a la presidencia del Parlament. En todo caso, desde la cúpula socialista destacan que es una "anomalía" que la cámara tenga mecanismos para tumbar a un presidente de la Generalitat -la moción de censura- y, en cambio, no haya manera de relevar a la presidenta de la institución en una circunstancia insólita como en la que se encuentra.

Una vez agotada la primera quincena de agosto, los socialistas sitúan ahora el horizonte del debate de política general como nueva fecha límite para encontrar una solución. "Traspasamos la responsabilidad a ERC y a Junts", insisten, y añaden que su actitud será la de "colaborar" para relevar a Borràs en base al acuerdo político al que lleguen los independentistas. Sin embargo, el entente está lejos en estos momentos. Esta es, de hecho, una de las carpetas candentes que tienen los dos socios de Govern, enfrascados ahora en intentar superar una crisis que se ha hecho más profunda desde la Diada.

El 'president' pide el relevo

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fue claro y meridiano a finales de agosto cuando aseguró que una "interinidad larga" al frente del Parlament "no es buena" para la institución, por lo que defendió escoger una nueva presidencia. La afirmación levantó ampollas en Junts, que no está dispuesta a ceder. Los posconvergentes señalan a ERC, PSC y la CUP como los responsables de votar una suspensión de la presidenta que sitúa a la cámara catalana en una incertidumbre inédita.

En estos momentos, Junts está estudiando recorrer al Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 25.4 del Parlament para apartar a Borràs. Al mismo tiempo, la también presidenta del partido está a la espera de la fecha de su juicio por el caso de fragmentación de contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalia ha pedido para ella seis años de cárcel. En su escrito de defensa, presentado esta misma semana, Borràs dedicó un único párrafo a insistir, una vez más, que no ha cometido ningún delito, pero no incluyó que considera que está siendo víctima de una "persecución política", como ha defendido desde que se hizo pública la acusación.

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