Moreno se abre a retirar la ley de Doñana "sin dejar tirados" a los agricultores

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se sienta con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, en una reunión “ordinaria de agenda”, insisten en la Junta para aliviar la presión, pero que tiene una palabra en mayúsculas y neones sobre la mesa: Doñana. No se sabe qué saldrá de esa reunión, que se desarrolla desde las 16.30, pero sí que la intención es lograr que el presidente andaluz dé la orden de retirar la proposición de ley que enfila su recta final en el Parlamento y prevé aprobar nuevas hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional.

Ante la pregunta de si cabe que el PP retire o postergue la elevación a pleno de la proposición de ley del regadío en Doñana, el portavoz del Gobierno andaluz dejó una puerta abierta. “La predisposición es dialogar, dialogar, dialogar pero siempre siempre con una línea roja infranqueable: que sea compatible con ayudar a las familias de la corona norte que se encuentran en situación injusta y de indefensión manifiesta”, señaló Ramón Fernández Pacheco. “Si el Gobierno es capaz de poner una solución para esas familias estamos encantados”, agregó, enfatizando que el presidente andaluz tiene un compromiso con los agricultores de esa comarca de Huelva: “No los ha dejado tirados y no lo va a hacer ahora”. Moreno adquirió un compromiso personal y electoral con los dueños de esas explotaciones en Huelva. Hay más de un millar de agricultores afectados y unas 650 explotaciones, según las cifras oficiales.

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, es, de momento, el único que ha hablado de ese encuentro que, tal y como conoce este periódico, se cerró la pasada semana aunque la Junta insiste en que no ha sido definitivo hasta este mismo martes. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica lo incluyó ayer tarde en la agenda de la vicepresidenta mientras que la Junta seguía dando largas y asegurando que no estaba cerrado. El Gobierno andaluz confirmó esa visita poco antes del medio día con una convocatoria para gráficos y asegurando que no habría declaraciones al término sino solo una nota de prensa.

Tercer frenazo

Moreno dio orden hace dos semanas de frenar la proposición de ley que amplía las hectáreas de regadío en la corona norte de Doñana, en concreto en las localidades onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Era la tercera vez que se paralizaba esa proposición, que se comenzó a tramitar el pasado mes de marzo. El PP aseguró que retiraba ese punto del orden del día del pleno y posponía su aprobación porque no quería que coincidiera con el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Entonces algo ya se estaba cocinando en los despachos, según pudo confirmar este periódico, tras meses de incomunicación y duro enfrentamiento. La vicepresidente Ribera y el presidente Moreno hablaron para emplazarse a darle una última oportunidad al diálogo en el tiempo de descuento. Este miércoles, el PP debe decidir de nuevo si eleva para su aprobación en pleno la semana próxima la proposición de ley o sigue ampliando la prórroga.

“Agradecemos que se haya sentando a hablar aunque no se haya retirado la proposición de ley”, defendió el portavoz andaluz, que insistió en todas sus intervenciones que habrá “diálogo hasta la extenuación” pero “siempre que se ponga sobre la mesa una situación que salvaguarde a Doñana y a la vez aborde el grave problema para las familias de la corona norte” del Parque Nacional. El Ministerio había puesto como condición hasta ahora para sentarse a negociar que se retirara el proyecto legal. La Junta valora en positivo lo que llamó “un cambio de postura”.

“Habrá que esperar a ver cómo va la reunión”, dijo el portavoz de la Junta, “vamos a hablar y a escuchar, de forma sincera”, agregó. “Es una reunión de trabajo donde hay muchos y diversos temas, desde la sequía, el agua, las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los espacios protegidos y Doñana”, enmarcó el titular andaluz de Medio Ambiente. “Si hay algo que anunciar se hará con la máxima transparencia. Vamos a hablar todo lo que sea necesario. Lo cierto es que nos han solicitado una reunión de trabajo y no hay nada que anunciar”, insistió, tras dejar claro que este encuentro no ha sido compartido con Vox, el grupo con el que el PP presenta de la mano en el Parlamento esta proposición de ley.

Desde 2014

La iniciativa de PP y Vox pretende dar una solución a los agricultores que, con el plan de ordenación de la fresa aprobado en 2014, vieron como parte de sus fincas se declaraban como suelo secano o forestal, no apto para el regadío, es decir excluido para el cultivo de frutos rojos. Entonces se legalizaron 11.000 hectáreas y se dejaron fuera 1.600. De esas, ahora unas 750 hectáreas podrían volver a ser recalificadas como suelo de regadío, lo que automáticamente dispara por diez su valor.

La iniciativa en el Parlamento insiste en que esos suelos podrán ser regados con aguas superficiales, nunca con aguas subterráneas, que sigan esquilmando el acuífero de Doñana. Sin embargo, la competencia para otorgar esos derechos de agua corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Estado, y que ya ha aclarado que en plena sequía no hay disponible y que la que llegue por el trasvase en marcha del Tinto-Odiel-Piedra ya está comprometida para los agricultores que siguen regando con aguas subterráneas y deben cambiar a superficiales, no para otorgar nuevos derechos.

La proposición de ley, que se registró por segunda vez el pasado marzo, tras decaer en una primera ocasión por la convocatoria de las elecciones autonómicas, cuenta con el rechazo del Gobierno, que ya ha anunciado que acudirá a interponer un recurso al Tribunal Constitucional y pedirá su paralización cautelar en caso de que sea aprobada. La norma es rechazada por la comunidad científica, toda la oposición, la Unesco y la Comisión Europea, que ha advertido de sanciones.

La Comisión Europea, a través del comisario de Medio Ambiente, avisó de que esa ampliación del regadío podría suponer multas y sanciones inmediatas por incumplimiento de la sentencia de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reclamaba medidas urgentes para frenar la extracción ilegal de agua del acuífero de Doñana. 

Entre las salidas que se han barajado para los agricultores que se vieron parte de sus suelos declarados de secano en 2014 ha estado la compra de terrenos o la permuta de suelos. El Gobierno dispuso en su plan para el Parque Natural una partida presupuestaria de 100 millones de euros para comprar fincas y derechos de regadío a los agricultores, como una vía para aliviar la presión sobre la reserva natural en un momento de pertinaz sequía.