Xivares acudirá a la vía penal para frenar el desmonte del alto de Aboño

Alto de Aboño,

Braulio FERNÁNDEZ

La Asociación de Vecinos de Xivares ha decidido acudir a la vía penal para impedir el desmonte del alto de Aboño que la Autoridad Portuaria de Gijón ha emprendido en Carreño. Para los vecinos, tras consultar con sus abogados, la actuación de El Musel en el monte «es un delito que será denunciado por vía penal en los próximos días, y esperamos un castigo ejemplar a esta nueva y prepotente actuación de la Autoridad Portuaria». Los habitantes de Xivares no eximen de culpa, además, a la clase política carreñense, de la que dijeron ha actuado con «pasividad, cuando debían haber defendido a los ciudadanos».

Según ha denunciado Javier Rubio, portavoz del colectivo vecinal de Xivares, «los derribos llevados a cabo por la Autoridad Portuaria de Gijón están absolutamente fuera de la legalidad vigente». Pese a que un informe de los técnicos municipales concluía que las obras no precisan licencia municipal, el puerto de Gijón ha cometido dos infracciones, según denuncia Rubio: no contar con declaración de impacto ambiental ni con el permiso del Ministerio de Fomento.

A juicio del representante del colectivo vecinal, la declaración de impacto ambiental es necesaria no sólo por sí misma, sino «para que se presenten alegaciones y se informe de las medidas correctoras, si fuesen necesarias». De hecho, recuerda Rubio, «podría darse el caso de que el Ministerio de Medio Ambiente plantease la alternativa cero al proyecto de ampliación del puerto».

Por otra parte, explica, El Musel ha comenzado los trabajos de desmonte sin el permiso que el Ministerio de Fomento debe emitir una vez concretada la declaración de impacto ambiental, por lo que ambos hechos constituyen, según su opinión, «una nueva y flagrante violación de la normativa española». Rubio abunda en que «el Puerto de Gijón ha dado una orden a sabiendas de que estaba fuera de la legalidad o bien ha actuado con irresponsabilidad o ignorancia, en cualquier caso, se deberán depurar responsabilidades». También se refirió el portavoz vecinal al informe municipal que la pasada semana alegaba que la actuación de El Musel no requería licencia del Ayuntamiento de Carreño. «Si bien no se necesita de licencia en el Ayuntamiento, éste debería haber exigido a la Autoridad Portuaria que aportase la declaración de impacto ambiental y el permiso del Ministerio de Fomento». El representante de los vecinos de Xivares cree que el Ayuntamiento «está dejando de apoyar el contencioso que mantiene con la Autoridad Portuaria en los tribunales, en el que le reclama la realización de un estudio de impacto ambiental para la ampliación del plan de utilización de espacios portuarios».

Este estudio es, a juicio de los vecinos, «preceptivo, obligatorio, y la Audiencia Nacional no tendrá más remedio que dar la razón a los demandantes: Ayuntamiento y vecinos». Es por este motivo que los habitantes de Xivares ven «necesaria» una postura municipal «firme, para evitar ganar en los tribunales una vez perdido el alto de Aboño».

Por otra parte, al margen de cualquier tramitación de permisos al respecto, la Autoridad Portuaria continúa esta semana con los trabajos en el alto de Aboño. Las excavadoras procedían ayer al movimiento de tierras en la ladera oeste del monte, y ya ha sido delimitada la zona de actuación, que abarca una importante área de terreno, de la cual ya se han extraído materiales. Se ha fijado, además, una zona de acceso de maquinaria y se ha procedido a la tala de árboles en buena parte de los terrenos.

En el caso de las viviendas en la parte alta del monte, aún no se han producido nuevas actuaciones, al margen de las desarrolladas en los días previos, que consistieron en la demolición de una cuadra, una casa mariñana, una fuente pública y varios monumentos promocionados por los vecinos.

El desmonte del alto de Aboño, incluido dentro del plan de ampliación del Musel, está pendiente de la declaración de impacto ambiental. Dicho estudio ha sido reclamado por el propio Ayuntamiento de Carreño, y obligaría a la Autoridad Portuaria a plantear alternativas de crecimiento al alto de Aboño.