El Supremo confirma la nulidad del PGO de 2007 en un fallo con «posibles secuelas» en el actual

Miriam SUÁREZ

El Tribunal Supremo le ha echado «la última paletada de tierra» al Plan General de Ordenación (PGO) tramitado entre 2005 y 2007. La sección quinta de su Sala de lo contencioso-administrativo ha desestimado todos y cada uno de los argumentos que esgrimió el anterior equipo de gobierno para salvar dicho documento de la nulidad. Con este fallo, firme y definitivo, la suspensión -dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias- ya no tiene vuelta atrás.

El Ayuntamiento, con el PSOE e IU como socios de gobierno, recurrió ante el Supremo las más de treinta sentencias anulatorias que pesan sobre el Plan General aprobado en 2007. Para ello, se contrataron los servicios del abogado Luciano Parejo, uno de los expertos en derecho administrativo más reputados del país. El primer dictamen que llega del alto órgano judicial, fechado a finales de junio, declara que «no ha lugar a recurso de casación». Todo apunta a que los fallos venideros se pronunciarán en la misma línea.

El Supremo emite su primera sentencia sobre el PGO gijonés con un nuevo planeamiento urbanístico en vigor. El anterior gobierno municipal lo puso en marcha en mayo de 2011, unos días antes de las elecciones municipales que cambiaron el rumbo político de la ciudad, situando a Foro Asturias Ciudadanos (FAC) al frente de la Alcaldía. De esta forma, se quiso atajar la incertidumbre jurídica que comenzó a ensombrecer el urbanismo local con las sentencias de anulación del Tribunal Superior de Asturias.

El futuro de este nuevo Plan de Ordenación se presenta tan oscuro como el del documento que lo ha precedido. Al menos, así lo cree Antonio García, abogado del despacho Llana, Cossío y Colunga que ha conseguido ganarle al Ayuntamiento este pulso en el Supremo. «Hay posibles secuelas sobre el nuevo PGO, que se hizo deprisa y corriendo para salir del paso», advierte. De hecho, también ha sido impugnado por numerosos particulares y colectivos ciudadanos. Sólo García tiene en trámite 20 demandas.

«Se insistió en un modelo de ciudad que ya se sabía condenado al fracaso, en lugar de revisar el plan desde un punto de vista realista», recalca. Modelo que Foro trata ahora de revisar, aunque asegura tener las manos atadas ante algunas de las actuaciones residenciales más polémicas del PGO, como la que se pretende llevar a cabo en la parroquia de Cabueñes. «Hablar de manos atadas es muy político, es lo fácil. Habría que coger el plan de 1999 y ver cuál es la situación de la ciudad y sus expectativas reales», aconseja Antonio García para no eternizar el conflicto urbanístico que vive la ciudad desde hace siete años.

Foro alega que se han generado responsabilidades patrimoniales con los promotores que adquirieron el terreno recalificado en 2007. Esas bolsas de suelo edificable se mantienen en el PGO de 2011. Según Antonio García, «hay que mirar caso por caso, porque no todas las actuaciones revisten responsabilidad patrimonial, y los promotores también tienen la obligación de cumplir unos plazos. Aunque algunos están más interesados en la posible indemnización que en desarrollar las operaciones, porque ya son viables, y eso pervierte el PGO».