Ch. N.
Todo el mundo habla bien de los secretarios generales que han pasado por el Ayuntamiento de Oviedo en los últimos años. Por nombre y tiempo de servicio en ese puesto destacan, en especial, dos, Luis Arce, fallecido el año pasado, que sirvió a cinco alcaldes, desde Manuel Álvarez-Buylla a Antonio Masip, y José María Boatas Clavera que ocupó ese puesto durante la mayor parte de los años de gobiernos del PP de Gabino de Lorenzo en la capital.
Fuentes próximas a aquellos equipos de gobierno no niegan que Boatas pudo tener, como casi siempre sucede en las relaciones entre un político y un «superfuncionario», sus momentos mejores y peores con Gabino de Lorenzo, pero que, en general, hubo un clima de normalidad. «Más allá de los momentos de roce, que pudo haberlos, la prueba del nueve es que a Boatas se le prorrogó la estancia en su puesto cuando pasó de los 65 años, él lo pidió y se le aceptó, siguió siendo secretario porque se quiso que siguiera».
Boatas y su mujer, Concepción Alegre Espinosa, recibieron sendos cuadros de José Rivas como regalo de De Lorenzo cuando se jubilaron. llevaban 16 años trabajando en el Ayuntamiento de la capital y él, 41 en la función pública.
Es importante destacar, señalan algunos políticos del PP que trabajaron en aquellos años con De Lorenzo, que «la relación de un alcalde con un secretario de Ayuntamiento no es de confianza, porque ellos son funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas, no tienen nada que ver con un cargo político».
Un veterano de largo recorrido en el Ayuntamiento de Oviedo como Roberto Sánchez Ramos, en la actualidad portavoz municipal de IU, resume la situación: «Ahora son secretarios generales de pleno. En los años del franquismo eran también una especie de gobernadores civiles del poder central. Ahora son funcionarios que cumplen con las leyes, pero ellos no deciden ni las políticas ni las leyes». La figura del secretario, y Sánchez Ramos lo sabe bien, también sirve, y mucho, a la oposición, no siempre de la forma en que los políticos pueden querer. «De todas maneras», razona el portavoz de IU, «yo he tenido discrepancias políticas sobre determinados informes hechos por los secretarios generales que he tenido pero jamás me he enfrentado a ellos porque en muchas ocasiones conozco la presión a la que han sido sometidos desde el poder político. Creo que en Gijón lo que ha operado ha sido una decisión muy autoritaria sobre la funcionaria en cuestión, porque si uno no está de acuerdo con los informes jurídicos siempre le quedan los tribunales de justicia. No estamos en el siglo XIX con las cesantías».
Un caso práctico de las funciones de los secretarios judiciales y de su comportamiento ante el poder político se da estos días, precisamente, en el Ayuntamiento de Oviedo. La expulsión de dos concejales de Foro de su grupo y la petición de éstos de figurar en todas las comisiones ha obligado al actual secretario, Jesús Fernández de la Puente, a analizar la situación y realizar el informe jurídico pertinente donde se detallan los derechos de los concejales del grupo mixto y sobre el que el equipo de Gobierno tendrá que establecer el nuevo reparto de comisiones municipales.
