Un informe de sólo 28 folios y con carácter provisional donde Javier Domingo Ahijado ponía negro sobre blanco todos los errores que había detectado en el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación -y que no eran pocos a su entender- llevaron este miércoles al gobierno de Foro a perder de golpe la confianza en el trabajo de este veterano funcionario municipal que estaba al frente del servicio técnico de Urbanismo desde enero de 2004. Su fulminante destitución ha sembrado la inquietud entre los empleados municipales, preocupados por el devenir de las relaciones laborales en el Ayuntamiento, y entre los políticos de todos los grupos, preocupados por las consecuencias de este cese en la tramitación de uno de los documentos más importantes en la vida de una administración local.
Pero Domingo sólo es la última de una serie de fichas que han ido cayendo en el dominó del PGO liderado por el gobierno forista de Carmen Moriyón. Destituciones, despidos y abandonos que al hacerse públicos han desvelado grietas en los pilares del documento urbanístico que debería devolver la normalidad a Gijón tras dos planes anulados por los jueces. Si el gobierno de Foro, y Fernando Couto como concejal responsable del PGO, perdían estos días la confianza en el técnico municipal que mejor conoce el documento; Emilio Ariznavarreta, máximo responsable de la UTE Urbania 2003 y Bilbaína de Proyectos -la firma contratada para redactar la documentación urbanística- sufría el mismo mal en junio del año pasado respecto a sus empleados. Entonces, y alegando discrepancias tanto personales como profesionales, mandó a la calle a la mayoría de la veintena de miembros del equipo redactor.
El desalojo incluyó como cabeza más visible a Víctor García Oviedo, más conocido como "Tachi", hasta ese momento el responsable de la coordinación general técnica y el hombre que se había responsabilizado del día a día de los trabajos y de las reuniones con los grupos políticos y con las entidades asociativas más importantes de la ciudad.
La relación de esta unión temporal de empresas con el Ayuntamiento de Gijón se hizo efectiva a principios de 2014. Unos meses antes, el 31 de julio de 2013, la Alcaldesa emitía una resolución en favor de un contrato para la revisión del PGO por una cuantía de 500.000 euros a los que sumar 105.000 en impuestos. La firma liderada por Ariznavarreta y Mariana Borissova se hizo con el contrato, entre las ocho ofertas presentadas, por 354.900 euros más 74.529 euros de impuestos. Por entonces las riendas del urbanismo local las llevaba en el gobierno de Foro la concejala Lucía García Serrano. A la que estos y otros problemas alejaron de la lista que Foro presentó a las siguientes municipales.
No era el primer contrato que licitaba el gobierno de Carmen Moriyón con la intención de revisar el planeamiento urbanístico. Ya se había contratado en 2012 a la empresa vallisoletana Urbyplan para poner los puntos sobre las íes a la herencia socialista pero cuando en febrero de 2013 llegó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que tumbaba el Plan de 2011 se decidió rescindir ese contrato de mera actualización y plantear otro con una revisión completa del planeamiento urbanístico. A la anterior empresa hubo que indeminizarla con unos 47.000 euros.
Los primeros pasos del trabajo de la UTE en Gijón no estuvieron exentos de fricciones internas. No fueron muchos los meses que necesitaron los integrantes del gabinete jurídico, encabezado por la catedrática Rosario Alonso Ibáñez, para desentenderse del proyecto. Ariznavarreta habló de desacuerdos económicos y Alonso de discrepancias profesionales motivadas por la falta de rigor en el trabajo. Un aperitivo de lo que llegaría después.
Además, la decisión en junio de 2016 de Ariznavarreta de prescindir de parte de su equipo dio lugar a un debate político que generó una polémica colateral inesperada. El estudio del expediente por parte del PSOE les llevó a descubrir, y denunciar, la participación en el proceso de selección del equipo redactor de una persona con vinculaciones personales y profesionales con un miembro del grupo de trabajo. En el proceso selectivo estaba la ahora decana, y entonces vicedecana del Colegio de Arquitectos, Sonia Puente Landázuri, y vinculado a la empresa su marido y colaborador en la firma "Comunica: ciudad" Miguel Couto. Ambos negaron cualquier irregularidad y el Colegio de Arquitectos avaló la actuación de su líder.
Pero en la cuneta del camino del Plan General no sólo hay víctimas. También hay supervivientes. Al frente del operativo del PGO está Álvaro Obregón Sarabia. Este ingeniero de caminos que llegó al entramado municipal gijonés en 2011 de la mano de Foro como gerente del Centro Municipal de Transportes pasó en mayo de 2013 a ser asesor de Alcaldía en materia de Urbanismo. Sólo duró ocho meses. Eran los tiempos de Lucía García Serrano. Moriyón lo recicló como asesor de Alcaldía para Proyectos Estratégicos. Pero con el cambio de ciclo político pasó a ser nombrado director general de Urbanismo. Una de sus misiones fundamentales era sacar adelante el Plan General.
Un papel de relevancia en esta película tiene también María López Castro, más conocida como Lara en el Ayuntamiento. Fue ella quien, como paso previo a su inclusión en el orden del día del Pleno, firmó en febrero del año pasado el informe que avalaba "que no existe inconveniente para la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación del concejo de Gijón/Xixón". Arquitecta de formación y funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Gijón, firmó aquel documento como jefa del servicio técnico de Urbanismo al estar de baja Domingo Ahijado por un problema de corazón aunque ya entonces había sido nombrada por el gobierno de Moriyón directora de área de Coordinación de Infraestructuras. Un puesto que pasó en abril de 2016 a tener la consideración de dirección general.
López Castro había vuelto al Ayuntamiento tras unos años de paso por el Principado de Asturias donde fue destituida por el gobierno regional de Francisco Álvarez-Cascos como directora general de Vivienda por haber aceptado regalos (jamón y vino) de una de las empresas implicadas en el "caso Marea".
