"La reinserción de Pablo no pasa por Villabona". Su hermana acudió ayer a la puerta del Palacio de Justicia de Gijón para interesarse por el acusado del atraco del martes. Cuando llegó allí, un furgón de la Guardia Civil ya se había llevado a su hermano hasta la penitenciaría de Villabona por decisión judicial. "Sólo quería que viera que no estaba solo, que todavía tiene familia que le apoya y le quiere", apuntó su hermana.
Pablo P. G., el hombre de 46 años que atracó el pasado martes una sucursal bancaria en la avenida Constitución a punta de pistola -comprada el día antes por 92 euros- , salió de prisión en enero de 2016 después de cumplir íntegramente la pena impuesta por los tres atracos precedentes perpetrados entre julio y agosto de 2012. "Desde que salió no había dado ningún problema de este tipo".
"No es alguien violento ni agresivo, es cariñoso y buena persona, dudo mucho que encañonase a nadie con una pistola, y mucho menos que amagase con disparar a nadie", advierte. Pero es cierto que las drogas y su dependencia de la heroína le han causado problemas severos que trastocaron su conducta. "Nuestra familia lleva toda la vida luchando contra este problema", confiesa su hermana, que siguió el atraco a través de las imágenes reproducidas en televisión el día del asalto al Caixa Bank. Una drogodependencia que paulatinamente ha ido generando diferentes problemas mentales al punto de que "tiene diagnosticada esquizofrenia". Una enfermedad por la que le dieron la jubilación y una paga de la que hizo uso días antes para adquirir el arma.
Su hermana asume con resignación que Pablo, que trabajó durante años junto a su padre, ahora con la salud deteriorada, en una cafetería del barrio de La Arena, debe volver nuevamente a Villabona. "Deberían llevarlo a un sitio especializado para tratar su adicción y no a la cárcel; allí no van a hacer nada por él", lamenta con mucho pesar. Su crítica al sistema la argumenta en compañía de su marido, al que conoció gracias a Pablo. "Si la meta de la cárcel es que el reo se reinserte en la sociedad, tengo claro que la reinserción de mi hermano no pasa de ningún modo por Villabona", estima aunque es consciente de que "la que lió fue gorda".
A los problemas con los estupefacientes se suma su tristeza personal y malas compañías en los últimos meses que se acrecienta cuando es consciente de su situación. Según su entorno familiar "sufre bajadas de tensión con frecuencia, incluso ha intentado suicidarse dos veces; la última estuvo mucho tiempo en la UCI después de tomarse más de cien pastillas". "En muchas ocasiones repetía que no quería vivir", confirman.
Pablo P. G. abandonó los calabozos de la Comisaría de El Natahoyo camino del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón donde, acompañado de su abogada y visiblemente nervioso por las circunstancias, prestó declaración "sin entender del todo por qué estaba allí". Aseguró que tan sólo recuerda los hechos desde el momento en que se vio esposado por los agentes de la Policía Nacional que le redujeron en el banco. Su abogada, Verónica Rodríguez Fulgueiras -que actuó en sustitución de su compañero Adolfo Venta, a quien correspondía la guardia en el Juzgado- es de la misma opinión que sus familiares. "Ir a prisión no es la forma de atajar su problema", valora. La letrada advirtió también ese carácter bonachón por el que ponen la mano el fuego sus familiares. Incluso apreció su dependencia de la droga pero su conclusión final tras compartir varios minutos junto a su defendido es que "no es alguien peligroso".
Prisión sin fianza
Pero el atraco con nueve rehenes en la avenida de la Constitución, donde muchos de ellos tuvieron que ser atendidos por diferentes cuadros de ansiedad, llevó la firma de Pablo P. G. Entró a pedir dinero para comprar droga, se guardó 6.000 euros en dos sobres dentro de sus bolsillos y retuvo contra su voluntad a nueve personas durante cuarenta minutos hasta que la policía logró concluir sin heridos el atraco. Por ello, al mediodía de ayer, tras prestar declaración, y de acuerdo con el Ministerio Fiscal, la magistrada titular del Juzgado de instrucción número 1 de Gijón dictó una orden de prisión, provisional, comunicada y sin fianza por robo con violencia y detención ilegal, "sin perjuicio de que esta calificación pudiera verse modificada en el transcurso de la instrucción".
