Los vecinos de la colonia de chalés de El Pisón han interpuesto un recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la autorización otorgada por los tribunales para poner en funcionamiento de manera provisional las instalaciones de desarenado y desengrasado.
Los vecinos de El Pisón, defendidos por el abogado Marcelino Abraira, lograron paralizar las obras de la depuradora en los tribunales, debido a que no se justificó adecuadamente el estudio de impacto ambiental. Ahora el Ministerio de Medio Ambiente está tramitando un nuevo estudio de impacto ambiental con cuatro posibles alternativas para la depuradora, incluyendo la próxima a la Plantona, donde se ha construido. La Abogacía del Estado había solicitado una autorización provisional de funcionamiento o en su defecto al menos de las instalaciones de desarenado y desengrasado, demolidas en la Plantona para integrarlas en la depuradora. Eso último es lo que autorizó el tribunal y ahora recurren los vecinos.
Abraira alega en su recurso que la entrada en servicio de esas instalaciones de la depuradora no evitaría las sanciones que la UE ha impuesto a España por no depurar el agua en ciudades costeras, incluida Gijón, dado que el desarenado y desengrasado sólo sirven para el mantenimiento de la planta, no para depurar. El abogado añade que tampoco es posible invocar el interés general, como en este caso, para dejar de ejecutar siquiera parcialmente una sentencia en sus propios términos.
El letrado añade que existen otros problemas independientes de la sentencia que hacen imposible la autorización otorgada por el tribunal, como son la paralización de las obras en abril de 2016 sin que estuviera terminada la instalación lo que, a su juicio, impediría el funcionamiento de la misma por no haber pasado el control exigido en el artículo 34 del Raminp; que el Texto Refundido de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (Trotu) señala que cualquier infraestructura precisará de un certificado de compatibilidad urbanística que, según el abogado, no existe en este caso, al haber efectuado los vecinos del Pisón alegaciones a la aprobación inicial del PGO al respecto.
El recurso también cuestiona el argumento de que el Ministerio de Medio Ambiente esté efectuando una tramitación ágil del nuevo estudio de impacto ambiental de la depuradora, debido a que la tramitación realizada está recurrida por los vecinos del Pisón ante la propia Audiencia Nacional solicitando su nulidad, lo que de ser aceptado por el tribunal obligaría a reiniciar el procedimiento.
Los vecinos de El Pisón también consideran que el tribunal debe designar un perito judicial que controle si efectivamente la planta funciona sólo con el desarenado o desengrasado o se excede la autorización dada por la Audiencia Nacional.
