Un último informe bloquea que se oficialice el nuevo grado industrial

Un documento, para unos llamado "nueva propuesta", y para otros "escrito de alegaciones" mantiene al Gobierno del Principado y a la Universidad de Oviedo jugando a pasarse la pelota en un ejercicio de malabarismo imposible para activar el grado de Organización Industrial. Entre las partes existe, eso sí, el convencimiento de que saldrá adelante. "Esperamos y deseamos autorizar esa titulación", enfatizó ayer el consejero de Educación, Genaro Alonso, en una comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la convocatoria de 459 plazas para docentes de Secundaria y Formación Profesional. Alonso supeditó la oficialización de ese acuerdo, adelantado esta semana por LA NUEVA ESPAÑA, a que la Universidad atienda a las consideraciones del informe que les trasladó la Dirección General de Universidades el 27 de diciembre. Cree el Principado que el documento de alegaciones que presentó en enero el Rectorado no es suficiente para avanzar hacia la definitiva autorización de un grado que será realidad en el curso 2019-2020 y ayer el rector, Santiago García Granda lanzó un nuevo órdago a la Administración regional: "La pelota está en su tejado".

A juicio del máximo responsable de la institución académica, ese informe que ahora les reclama el Consejero ya fue enviado "hace más de un mes y la Universidad merece, al menos, una respuesta que no se demore al infinito". Según García Granda, el titular de Educación "está mal informado" de lo que se trató en comisión mixta entre Principado y Universidad la pasada semana para abordar el nuevo mapa de titulaciones. "Nunca se acordó que la Universidad tuviera que presentar una nueva propuesta", advirtió García Granda, "ya rebatimos, punto por punto, el informe de la Dirección General de Universidades, y estamos abiertos a las correcciones necesarias", continuó el Rector. Sin embargo, el consejero Genaro Alonso insistió ayer que la Universidad tenía que haber presentado la semana pasada una propuesta "que recoja las modificaciones pertinentes pero aún no lo han hecho", especificó. Esa propuesta, concretó Alonso, debería atender a las consideraciones del informe de la Dirección General de Universidades en el que se rechazaba la implantación de estos estudios en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. "A nosotros nos transmiten que están de acuerdo con la implantación del grado pero no lo están haciendo. No estamos dispuestos a iniciar un proceso que ya cumplimos", replicó García Granda, tras la comparecencia del Consejero de Educación. "Nunca estuvo sobre la mesa que se presentara una nueva propuesta de grado", aseveró el Rector quien reprochó al Principado que no esté mostrando un posición "sensible" con las aspiraciones de la institución académica y "de una parte importante de la sociedad". El rifirrafe está, al parecer, en un documento pendiente de enviar. Según el rectorado, la Dirección de Universidades nunca respondió a sus alegaciones. "Si hay sensibilidad no tienen más que comunicárnoslo, en papel, por email o telefónicamente", sugirió García Granda, quien certificó que la postura de la Universidad es mantenerse a la expectativa "mientras no mueva ficha" el Principado. En lo que sí hay acuerdo es que la implantación de la Ingeniería de Organización Industrial implica un coste bajo -alrededor de 80.000 euros- mientras que la estimación de alumnos -entre 80 y 100 para el primer curso- también es aceptada por ambas partes.

Desde la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón fue rebatido el reproche de los colegios profesionales a la falta de atribuciones profesionales para el grado de Organización Industrial. "Es cierto que el grado no corresponde a una profesión regulada. Tampoco lo es el Ingeniero Informático, por ejemplo. En realidad, las nuevas profesiones que surgen debido a la natural evolución de la sociedad no están siendo reguladas", aseguró el director del centro Juan Carlos Campo, quien agregó que durante el proceso de elaboración del plan de estudios no se les hizo llegar valoración alguna al respecto.

Campo fue más allá al especificar que su obligación es la de responder a las "demandas formativas, presentes y futuras, de la sociedad" pasen o no por ser titulaciones reguladas. Y recordó que la Ingeniería de Organización Industrial es la octava titulación más demandada de España. Las empresas tampoco dudan de ello porque la empleabilidad en este ámbito es "altísima".