La modificación de la ley para dar cobertura a más afectados por las deudas del ERA beneficiará a un total de 312 nuevas familias, a quienes la consejería de Derechos y Servicios Sociales tendrá que devolver un millón de euros. La diputada de Podemos Rosa Espiño adelantó ayer estos datos en la Biblioteca Jovellanos de Gijón en un acto en el que también participaron el presidente de la Plataforma de Afectados del ERA, Ángel Rodríguez, y el responsable de la Oficina en Defensa del Anciano, Marcelino Laurelo. Los herederos de los usuarios fallecidos de los Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) no descartaron tomar "medidas de presión", como la organización de una manifestación, ya que, denuncian, la Administración "se está tomando con demasiada tranquilidad" los pagos. "No nos constan las devoluciones que la Consejería anuncia en los medios de comunicación", protestó Ángel Rodríguez.

Según las últimas cifras facilitadas por el Gobierno al grupo parlamentario de Podemos, Servicios Sociales ha devuelto 600.000 euros a 72 personas -99 expedientes ya están finalizados, pero de ellos 27 no tuvieron derecho a cobro- mientras que los casos de 1.996 descendientes de residentes están en tramitación. "Pese a que tienen seis meses para hacer las devoluciones, hay afectados, como yo, que llevamos más de un año esperando. No sé si es que no tienen dinero, pero estamos desesperados", se quejó el presidente de la Plataforma de Afectados. Sobre las 312 nuevas familias que podrán a partir de ahora solicitar la revisión de sus expedientes, en virtud de la modificación legislativa aprobada en la Junta hace poco más de una semana, Rosa Espiño aclaró que serán ellas las que tendrán que dirigirse a la Administración en el plazo de un año.

El acto de ayer -en realidad fue una mesa redonda bajo el título "Ante la impunidad de la estafa del ERA a los ancianos en Asturias"- sirvió también para informar a los afectados sobre la comisión de investigación que está en marcha en el Parlamento asturiano. Sobre ella la diputada de Podemos lamentó que "desde el primer momento venimos sufriendo el bloqueo del Grupo Socialista": "Hemos presentado 88 solicitudes de información, de las cuales desde julio sólo nos han contestado 45, y en concreto sobre doce de ellas nos dicen que para elaborar esa información tendrían que comprar una aplicación informática o contratar a una empresa externa". La formación morada se fija como objetivo "agilizar lo máximo posible" las 56 comparecencias previstas dentro de la comisión de investigación pues "estamos en la última etapa agónica de esta legislatura". La lista de comparecientes, en la que está incluida la actual consejera Pilar Varela, podría menguar en los próximos meses, ya que el Gobierno socialista "todavía no ha facilitado de muchos de ellos sus direcciones para poder notificarles sus comparecencias". Podemos confía en que se puedan habilitar días extraordinarios de forma que las sesiones se prolonguen hasta marzo.