El conflicto entre el colegio San Miguel y la profesora a la que apartaron de la docencia tras mantener presuntamente una relación con un alumno menor de edad -el juzgado de instrucción archivó en noviembre el caso por abusos sexuales contra ella- vivió ayer un nuevo capítulo judicial para esclarecer si el despido fue o no procedente. Un juicio que se celebró a puerta cerrada en el Juzgado de lo Social número 4 de Gijón y que, según fuentes cercanas al procedimiento, se desarrolló "con normalidad, tal y como estaba previsto, y con dos posturas enfrentadas".

El juicio se celebró ayer por la mañana y a la cita acudieron los representantes del colegio San Miguel, el abogado de la profesora -que exige una indemnización por despido improcedente- y testigos varios, entre los que se encontraba el alumno menor de edad al que se le vinculó con la profesora, una relación que motivó la expulsión del colegio de la maestra en mayo del pasado año.

Este nuevo juicio tiene su origen tras el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra la profesora por abusos sexuales. En el auto de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón se recogía que, pese a ver "indicios racionales" de que entre ellos llegase a existir "una relación de cercanía", no había pruebas suficientes que acreditasen el delito de abuso sexual que se le atribuía. Tras el archivo de la causa, la profesora denunció al colegio por despido improcedente para ser resarcida por lo ocurrido y vivido en los últimos meses.

"Despido procedente"

La dirección del colegio San Miguel, en cambio, siempre rechazó esa acusación al entender que las causas del despido fueron "procedentes". De hecho, emitió un comunicado público tras el sobreseimiento de la causa explicando que "las razones que motivaron el despido de la profesora no tienen que ver con los hechos investigados en el proceso penal, sino con otros que, a juicio del centro, fueron causa suficiente para justificar el despido disciplinario". La versión de la docente es otra bien distinta a la del colegio -dependiente del arzobispado- y ahora será la justicia quien aclare la disputa entre ambas partes.