El Ministerio de Transición Energética va a solicitar información complementaria al expediente de la regasificadora de El Musel de una planta pendiente de legalizar que lleva siete años sin uso y cuya construcción costó 382 millones de euros. El departamento que dirige Teresa Ribera responde así a un requerimiento del Gobierno asturiano, quien recientemente remitió un escrito al citado ministerio reclamándole la agilización del trámite ambiental, clave para la legalización de la regasificadora.
La escueta respuesta ministerial a pregunta formulada por este periódico supone al menos un avance en los trámites burocráticos para la puesta en marcha de una instalación de la que es propietaria la empresa Enagás. Los planes de esta firma pasan por utilizar la planta de El Musel para el almacenamiento de gas para grandes comercializadoras aprovechando la posición estratégica del puerto gijonés en el arco Atlántico, o como centro para el repostaje de buques, el denominado "bunkering", ya que el gas natural licuado (GNL) cada vez se utiliza más como combustible para la navegación. Hay que tener en cuenta que desde la Unión Europea se pretende fomentar su uso para reducir las emisiones contaminantes del tráfico marítimo de mercancías.
Corresponde a distintos departamentos del Ministerio para la Transición Ecológica resolver la tramitación pendiente para la puesta en uso de la planta. La Dirección General de Política Energética y Minas deberá emitir la resolución relativa a la autorización administrativa, mientras que en la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental recae la responsabilidad de la correspondiente declaración de impacto ambiental de la citada instalación.
El consejero de Industria del Principado, Isaac Pola, declaró el martes que su departamento había remitido una comunicación a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que dirige el asturiano Hugo Morán, reclamando que se agilice la tramitación de la nueva declaración de impacto ambiental. "Confiamos en que se produzca a la mayor brevedad", añadió Pola.
El Gobierno regional y la empresa Enagás coinciden en la consideración del gas como un activo relevante cuyas posibilidades aumentan con la transición energética porque ganará protagonismo como respaldo a las energías renovables.
Críticas de la izquierda
Críticas de la izquierdaLas palabras del consejero de Industria tuvieron ayer réplica tanto desde el grupo parlamentario regional de Podemos Asturies, a través del diputado Héctor Piernavieja, como desde la candidata podemista a la Alcaldía de Gijón, Yolanda Huergo. Piernavieja calificó de "tomadura de pelo" las declaraciones de Isaac Pola, por defender un modelo energético "fracasado y obsoleto". Y acusó al Gobierno asturiano de pasar "de la dependencia del carbón autóctono a la dependencia del carbón importado que entraba por El Musel y ahora no puede depender del gas ruso o argelino con el único fin de salvar una obra demencial", como la de la regasificadora, una instalación que consta de dos tanques con una capacidad total de almacenamiento cifrada en 300.000 metros cúbicos.
A juicio del diputado podemista, el puerto de El Musel "necesita un plan estratégico a largo plazo que reformule el tráfico de mercancías hacia modelos más sostenibles".
Por su parte, Yolanda Huergo, candidata de Podemos-Equo a las municipales de mayo en Gijón, criticó que el Gobierno asturiano y del la nación pretendan regularizar "una infraestructura ilegal", modificando la normativa medioambiental y enarbolando a la vez la bandera de la sostenibilidad. "Poco crédito tienen quienes se saltaron las normas para construir unas instalaciones a todas luces innecesarias y que ahora pretenden modificar esas mismas normas para dar de paso lo que no tendría que haber existido", declaró Huergo.
Tanto Piernavieja como la candidata a la Alcaldía gijonesa denunciaron, con distintas palabras, el coste para la arcas del Estado de una planta regasificadora tumbada en su día por los tribunales de Justicia. "Enagás lleva recibiendo cantidades millonarias del Estado -en 2017 se llegaba ya a los 175 millones en costes- para el mantenimiento de estas instalaciones inútiles que después pagamos todos y todas en la factura del gas", sentenció Huergo.
