El número de vertederos ilegales en la ciudad crece cada año de forma descontrolada y con especial incidencia en la zona oeste de Gijón, donde se concentran –en los barrios y parroquias de Tremañes, Veriña, Serín y Jove– la gran mayoría de los 94 puntos de los que tiene constancia la Unidad de Vigilancia Ambiental de la Policía Local, según su balance anual. En 2019 fueron 58 los que había, casi la mitad. “Es un problema muy difícil de controlar. Hay muchos puntos y están repartidos por distintas zonas del extrarradio de la ciudad y es imposible que podamos estar en todos todo el tiempo para detectar cada infracción que se produce”, reconoce el subinspector Montero, al frente de esta unidad que también supervisa las quemas ilegales, nubes de humo, vertidos al río y al mar, plagas y malos olores dentro de sus competencias ambientales.
Los agentes, que patrullan a diario casi todo el concejo, especialmente la zona urbana, supervisan periódicamente estos puntos y realizan investigaciones que permiten sancionar a los responsables de dejar todo tipo de objetos y desperdicios, desde escombros de una obra a maleza después de una siega pasando por sofás, sillones... Unas acciones incívicas que, además, generan “efecto llamada”. “Cuando parece que un punto está ya controlado y disminuyen los residuos, vuelves a pasar y ya está otra vez rebosando”, describen desde esta unidad, compuesta por ocho agentes. En 2020 lograron sancionar por estos hechos a 20 personas por las cuatro denuncias tramitadas el año anterior.
La solución a estos problemas resulta difícil. ¿Qué opciones hay? “Ayudaría cierta tecnología, como el uso de drones, pero tampoco eliminaría del todo el problema. También una mayor concienciación o exigiendo desde la administración que si alguien realiza alguna obra demuestre cómo se deshacen de los escombros, pero eso ya no es una cuestión policial”, aporta, como sugerencia, el jefe del grupo. Eso sí, el impacto de los vertederos “se puede minimizar” controlando el transporte de residuos”. “La ley de residuos dice que los que transporten residuos generados por otras personas, tienen que estar inscritos en el registro de transportistas de residuos del principado. Esas furgonetas que anuncian ‘se recoge chatarra’ o ‘se limpian bajos’ no pueden hacerlo. Ni los que lo recogen ni los que lo contratan. Hay que hacerlo con algún gestor autorizado”, advierte.
Otro de los problemas a los que se enfrentan los agentes son los vertidos a los ríos y al mar. Fueron 21 los casos investigados el pasado año por los 15 del 2019. Uno de los más graves ocurrió el pasado diciembre, cuando mil litros de gasoil llegaron al río Pinzales. “Recorrimos cuatro kilómetros de río hasta detectar que el vertido provenía de una caldera de una casa”, afirma el subinspector Montero. Los casos de malos olores (9), las nubes de humo (16), plagas (5) y quemas ilegales (4) también entran dentro de sus controles.
Una de las intervenciones curiosas de este año les llegó por sorpresa cuando circulaban –recorren cada día toda la ciudad pendientes de sus funciones y de cualquier otro incidente que surja, porque “son policías para todo”– por la parroquia de Santurio. Un vecino les avisó de que desde hacía tiempo había un coche tirado en un arroyo. “Nos parecía imposible, pero así era. Debía llevar allí años, todo era chatarra, pero logramos una placa que nos permitió identificar al dueño”, recuerdan.
Menos ruidos y ladridos
Las competencias de esta unidad, además, incluyen otro tipo de actividades, como por ejemplo las sonometrías. En este apartado hubo una drástica reducción de incidentes. En domicilios, por ejemplo, pasaron de los 109 casos en 2019 a los 79 del pasado año. “La bajada se explica en la flexibilización de la normativa de ruidos durante el confinamiento total del inicio de la pandemia, y también por el riesgo que suponía para nosotros en los domicilios”, argumentan desde la unidad.
El principal problema, con 54 casos, estuvo en la música, televisión o voces en las casas, un registro sensiblemente inferior a los 66 del 2019. Del mismo modo ocurrió con los ladridos de perros, en una ciudad en la que hay 36.000 canes censados, se intervino en 24 ocasiones por las 42 del año anterior. Esas sonometrías también se realizan en locales comerciales por alarmas, motores o extractores, obras, reproducción de música y golpes. A la vista de los cierres por la pandemia también se registra un descenso de 56 casos en 2019 frente a los diez del año pasado.
La Unidad, además, se encarga del control de las obras, precintos de locales y de coches en Gijón.
