El Colegio Profesional de la Educación Social reclama su espacio en las aulas para colaborar en la formación integral de todos los alumnos y atajar problemas como el que ha llevado a los padres del colegio Santa Olaya a dejar de mandar a sus hijos a clase. Lo hacen en protesta porque el centro no cuenta con personal suficiente para atender de forma especializada a un alumno con necesidades educativas especiales. Flor González Muñiz, presidenta del Colegio de Educadores Sociales, incide en la necesidad de que se cuente con ellos en estos casos. “Somos la única rama de la educación que no está en los colegios”, lamenta.
Hay asociaciones de padres de la zona oeste de Gijón que han reclamado a la Consejería que se incorpore a los educadores, el propio órgano colegial lo ha hecho con insistencia. “Pero nunca hemos tenido respuesta positiva y realmente no sabemos por qué, creemos que es debido a un gran desconocimiento de nuestra labor”, sostiene González. Para la presidenta del Colegio, “casos como el del colegio Santa Olaya demuestran que, aunque no se trata afortunadamente de situaciones habituales, tampoco son excepcionales”. La experiencia lleva a los educadores sociales a aseverar que “los docentes están desbordados porque han recibido formación pedagógica pero estamos ante otro tipo de intervenciones”.
Así las cosas, reclaman que Educación tenga en cuenta la posibilidad de contar con su trabajo en el desarrollo de las clases en los colegios. “Se necesita un abordaje integral, con los docentes, las propias familias que no saben cómo hacer frente a determinados problemas, el entorno y los diferentes perfiles socio demográficos”, aseveran. Su propuesta, explica González, es la de “trabajar dentro del colegio, en horario lectivo y con toda la comunidad, porque se trata de sumar e integrar, y no de discriminar”.
Los departamentos de Orientación de los colegios “suelen andar escasos de plantilla”. Por eso, “se demandan profesionales de apoyo, para poner a alguien que acompañe a los alumnos y que no es la solución ideal”. “En los casos de necesidades educativas especiales se necesita un diagnóstico previo y un trabajo que va más allá” de acompañar al alumno en las clases, dicen. “La propia nueva Ley de Educación establece la figura del coordinador de bienestar, que encajaría perfectamente con lo que proponemos”, recuerda Flor González, antes de enumerar los múltiples aspectos en los que los educadores sociales pueden colaborar en el aula: “Reducir el absentismo y el fracaso escolar, conseguir que todos los alumnos obtengan su título, evitar situaciones de violencia o mejorar la convivencia, por no hablar de cuestiones mucho más sensibles como detectar abusos, situaciones de maltrato o trastornos alimenticios”. Y todo ello, sumado a la posibilidad de crear una figura de referencia en los entornos educativos que colabore a la construcción de “un ambiente sano, fundamental para que los centros funcionen bien”.
Un buen listado de labores que “con los medios de los colegios es imposible abordar con garantías” y que “en numerosas provincias ya se está haciendo gracias a la incorporación de los educadores sociales”, clama González, consciente de que “no es cuestión de dinero, sino de entendimiento y de voluntad política”.
