La paralización del proceso de contratación de las obras para la ITV de Granda que ha decidido esta misma semana Itvasa, la empresa del Principado que se encarga de este tipo de instalaciones, debe suponer el “principio del fin” del controvertido proyecto. Es lo que opinan los vecinos de la parroquia y los partidos de la oposición, que refuerzan su exigencia de buscar un emplazamiento alternativo para el centro de inspección de vehículos en un polígono industrial del municipio y, de paso, reiteran sus sospechas sobre la operación mediante la cual Itvasa adquirió la parcela a la Cooperativa de Agricultores. A la espera de conocer las condiciones definitivas que ponga el Ayuntamiento de Gijón para otorgar la licencia, el gerente de Itvasa, Belarmino Rodríguez, firmó el pasado jueves el desistimiento de la licitación en marcha desde el mes pasado –por un montante económico de 477.000 euros y un plazo de ejecución de setenta días– a la vista de que el proyecto original no sería válido para cumplir los requisitos.
Las fuentes del gobierno municipal consultadas ayer no entraron a valorar la decisión de Itvasa. Eso sí, subrayaron que lejos de actuar “de forma populista, siempre se han exigido garantías al proyecto para asegurar las condiciones”. “Es un paso, pero no el definitivo. No nos detendremos hasta que se anule definitivamente el proyecto”, afirmó, por su lado, Marián Rendueles, en nombre de la plataforma vecinal contra de la instalación de una ITV en Granda. “La empresa y el Principado tienen que ser conscientes de que construir aquí el centro de inspección de vehículos no va a resultar ni barato ni rápido y de que lo que tienen que hacer es buscar otra ubicación en un polígono industrial”, añadió.
Ya desde el ámbito de la oposición municipal, el concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo mostró su “satisfacción” por la paralización del proceso de licitación, si bien considera que ese paso es “insuficiente” y reclama que “se asuma la inviabilidad del proyecto y se busque una parcela adecuada en un polígono industrial”. En este sentido, el edil incidió en que “el hecho de que los informes municipales para la obtención de la licencia municipal hayan frenado la contratación, viene a dar la razón a aquellos que desde el primer momento denunciamos que no era el emplazamiento adecuado y que había argumentos suficientes para no conceder la licencia”.
“Itvasa debería reconocer su error y dar marcha atrás en este proyecto, estudiando las formulas legales que tiene a su alcance para poder revertir la adquisición de la parcela en Granda y evitar así el quebranto económico que le produciría el haber comprado unos terrenos para un uso que no pueden tener”, añadió el concejal “naranja”. Según indicó, “por lo general, en este tipo de contratos se suele introducir una cláusula que los condiciona a que la parcela adquirida pueda destinarse al fin con el que se adquirió”. “Todo ello, claro está, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades políticas que existen por haber tomado una decisión arbitraria”, concluyó Pérez Carcedo.
El edil de Foro Pelayo Barcia también incidió en la compra de la parcela. “Cada día, cada noticia que aparece, solo vale para incrementar las sospechas sobre esta operación”, indicó. “Si ahora, según el gerente de Itvasa, lo que pide el Ayuntamiento no es subsanable, no solo se deben paralizar las obras, sino anular la compraventa y realizar una nueva con luz y taquígrafos. Llevamos casi cuatro meses sin que Itvasa haya enseñado el contrato de compraventa”, sentenció Barcia.
Por su lado, el portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, comenzó por “felicitar” al movimiento vecinal y se puso “a su disposición” para llevar a cabo “cuantas iniciativas sean necesarias para dar con el emplazamiento adecuado” para la estación de inspección de vehículos. “Velaremos por los intereses de los vecinos en vez de buscar la confrontación”, añadió el dirigente popular, muy crítico con “la falta de transparencia y de coherencia que ha envuelto este expediente”.
Laura Tuero, de Podemos, exigió “que no se continúe con esta oscura operación” y que “el Ayuntamiento y el Principado se sienten para llegar a un acuerdo de cesión de una de las parcelas que hemos logrado sacar a la luz y en la que Itvasa también tenía interés, las situadas situadas en el polígono de Lloreda”. Tuero también criticó el “ocultamiento de todo el proceso que nos ha llevado a que el Principado adquiera una parcela en la zona rural con imposibles accesos y teniendo opciones en polígonos”
Desde Vox, Eladio de la Concha destacó que “tanto el Ayuntamiento como el Principado han tomado decisiones teniendo en cuenta intereses distintos a los que tienen los vecinos, que son los directamente afectados por la instalación de la ITV y, ante la protesta de éstos y la oposición de las fuerzas políticas no socialistas, ambos gobiernos intentan ahora tapar sus responsabilidades echándose la culpa el uno al otro”. A su juicio, “la única solución efectiva tendrá que ser el cambio de ubicación a un polígono”.
