La batalla entre Emtusa y la Agencia Tributaria por el pago del IVA correspondiente a los fondos que la empresa municipal de autobuses recibe del Ayuntamiento como su socio único ya ha empezado formalmente. Los responsables de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Gijón (Emtusa) firmaban ayer en disconformidad las actas presentadas por la Agencia Tributaria como final a una investigación iniciada el pasado mes de julio. La Agencia Tributaria, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, reclamaba de la entidad gijonesa el abono de impuestos –el del valor añadido y el de sociedades– que consideraba aplicable a los dineros que el Ayuntamiento transfirió para compensar las pérdidas de su propia empresa. Ni el Ayuntamiento ni Emtusa comparten este criterio.
La investigación de la Agencia Tributaria se fijó, en el caso del IVA, en el periodo que va de abril de 2016 a agosto de 2018 y, para el impuesto de sociedades, en los ejercicios del 2015 al 2017. Finalmente, la reclamación económica se concreta en el pago del IVA sobre las aportaciones del Ayuntamiento a Emtusa realizadas durante todo 2016 y hasta noviembre de 2017. El cálculo, según estimaciones de expertos en la materia y en base al criterio de la Agencia Tributaria, es que Emtusa debería devengar entre 1,4 y 1,5 millones de euros por el IVA de esas aportaciones. En cuanto al impuesto de sociedades, el criterio que la inspección establece en el acta es que se deben modificar las bases imponibles negativas pendientes de compensar. Algo que no supondría, en ningún caso, una corrección financiera. Además, y como decisión final sobre otro tema motivo de controversia, la Agencia Tributaria ya no va a incluir a Emtusa en el régimen de prorrata al considerar la inspección que esas aportaciones no afectan a la deducibilidad del impuesto en las autoliquidaciones de la empresa.
Aunque el acto de ayer de la firma de actas supone el pistoletazo de salida de la pugna, en Emtusa ya se tenía claro desde el principio que no se iba a dar el dinero a Hacienda sin luchar. Ahora se abre un plazo para la presentación de las alegaciones donde la empresa municipal gijonesa pueda justificar su posición.
La caída de viajeros de 2020 le costó a Emtusa una pérdida de ingresos por ventas de 5,6 millones
Si ese proceso de alegaciones no cambia el escenario, que es lo más previsible, tocará ir a los juzgados. Algo que ya dan casi por hecho los responsables de la dirección de la empresa y la mayoría de su consejo de administración. De hecho, el pasado día 12 –con vistas a esa operación oficial de la firma de las actas de la investigación fijada para este 19– se formalizaba un contrato con Deloitte Legal, con sede en la capital de España, para el asesoramiento en procedimientos económico-administrativo y contencioso-administrativo ante la Agencia Tributaria. Un contrato con un importe de 50.000 euros, que se eleva a 60.500 con impuestos, y una duración de cinco años supeditada a las instancias a las que se deba acudir y la velocidad en la respuesta de las distintas instituciones.
La diferencia de criterio sobre la aplicación del IVA a los dineros que los ayuntamientos transfieren a las empresas de transporte de su titularidad ha llevado a expedientes similares al de la entidad gijonesa en otras sociedades de toda España. Hay investigaciones abiertas desde 2018 y por cuantías económicas muy superiores a la que se calcula para Emtusa.
El problema es el contexto. La reclamación de la Agencia Tributaria llega en el peor de los momentos. Emtusa no sólo cerró 2020 con los peores registros de viajeros e ingresos por ventas por el duro golpe que le ha supuesto la crisis del covid. También se enfrenta a un 2021 con escasas garantías de que se pueda volver a la vieja normalidad en cuanto al uso del transporte colectivo. Además, aún está a la espera del dinero que llegue desde el fondo especial para el transporte comprometido por el gobierno de España y que compense esa aportación especial de 3,4 millones que le tuvo que hacer el Ayuntamiento hace unos meses.