La larga lista de batallas judiciales del Ayuntamiento: del "cascayu" al Piles

El "cascayu" ya es historia. La decisión del Ayuntamiento de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia pone fin al pleito que, de la mano de Stop Muro, puso delante de un juez la actuación municipal en tiempos de pandemia para peatonalizar el paseo marítimo dejando solo un carril de circulación para los vehículos. La sentencia inicial ya había obligado al Ayuntamiento a recuperar el doble sentido en el paseo y el paso del tiempo ha descolorido los pigmentos de los cuadros que dieron nombre popular a aquella operación de urbanismo táctico; así que nada nuevo se verá sobre el suelo del Muro tras este segundo fallo judicial. Pero el varapalo para el equipo de gobierno es evidente. Aunque el TSJA avala que la tramitación por la vía de urgencia fue correcta, como adelantó el viernes LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, otra cosa es que no fuera una obra de carácter provisional.

El plan del "cascayu" no es la única acción del gobierno de Ana González que ha acabado en los tribunales. Quizás la más llamativa por el simbolismo de ese espacio y por ser la primera donde la derrota del gobierno parece ya inapelable. Pero hay más. Stop Muro fue el azote del gobierno en el asunto del "cascayu" y el Grupo Covadonga lo es en lo que tiene que ver con el proyecto de renaturalización del río Piles. Una de las acciones más importantes desde el punto de vista medioambiental que ha impulsado este gobierno y que cuenta con el aval, y los dineros, de Europa para hacerse realidad.

El "cascayu" incumplió la normativa al no ser provisional, ratifican los jueces

El proyecto es ambiental, pero la bronca tiene un trasfondo deportivo. El Grupo pleitea contra un proyecto que elimina el anillo navegable como espacio de práctica del piragüismo. El compromiso municipal es que se pueda practicar el piragüismo en el futuro Piles renaturalizado, pero no como cuando el anillo estaba operativo y eso no vale a los grupistas, que ya han conseguido dos fallos judiciales a su favor y van por la tercera demanda contra el Ayuntamiento. El presidente grupista, Antonio Corripio, desvelaba hace unos días en una entrevista en este periódico, la disposición a abandonar la batalla judicial si hay un compromiso por escrito del Ayuntamiento para mantener la práctica regular del piragüismo en el Piles con unos azudes hinchables.

Las decisiones municipales han sido llevadas ante los tribunales por colectivos descontentos, pero, también, por grupos de la oposición tras ver cómo sus votos en el salón de plenos no eran suficientes para frenar la iniciativa. El ejemplo es la ordenanza de movilidad, aprobada en el Pleno por 19 de los 27 ediles de la Corporación: los integrantes de los grupos municipales de PSOE e IU –socios de gobierno– y de Ciudadanos y Podemos-Equo. Votaron en contra Vox, Foro y PP. Y, precisamente, estos dos últimos partidos son los que han recurrido la ordenanza en los tribunales.

"Si nos garantizan la práctica regular de piragüismo, retiramos las denuncias"

La judicialización de la acción política de las administraciones no es una singularidad de Gijón. Ha pasado y cada vez pasa más. Quizás sí sea una singularidad de la actual realidad gijonesa que los litigantes entiendan que el actual gobierno de PSOE e IU imponen una ideología en todas sus acciones. Incluido peatonalizar una calle, renaturalizar un río o diseñar una ordenanza. Y que esa imposición ideológica debe ser frenada en los tribunales, aunque haya salido adelante en un proceso de votación democrática.

De Naval Gijón a Fomento

No todos los procedimientos judiciales que han implicado al Ayuntamiento a lo largo de este mandato tienen ese matiz de bronca política. Y no todos han tenido a la administración como demandada. El propio Ayuntamiento, a través del Patronato Deportivo Municipal, adelantaba unos días antes de que acabase el 2022 que recurriría ante los tribunales la adjudicación a la Federación de Vela del Principado de Asturias de la varada de Fomento, después de que la Autoridad Portuaria de Gijón rechazara sus alegaciones.

Y luego está el pleito que enfrenta al Ayuntamiento con Pymar por la calificación del suelo del antiguo astillero de Naval Gijón que se incluye en el Plan General de Ordenación con la intención de generar un parque empresarial ligado al mar en esa zona de El Natahoyo. Pymar, dueño del suelo, reivindica un uso residencial. El Ayuntamiento defiende lo que dice el PGO y, por ahora, va ganando. A Pymar le queda un resquicio en un proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

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