La administradora de fincas acusada de quedarse con 10.000 euros de una comunidad es reincidente

La administradora de fincas acusada de un delito de apropiación indebida por quedarse supuestamente con casi diez mil euros de una comunidad de vecinos de la calle La Paz, en el barrio de El Llano, negó esta mañana unos cargos por los que el Ministerio Fiscal y la acusación particular reclaman una condena de tres años de cárcel y la inhabilitación profesional durante el mismo tiempo. Pero esta mujer, Palomo A. V., no es la primera vez que se sienta en el banquillo por hechos de las mismas características. De hecho, ya ha sido condenada aunque no cuente a efectos de reincidencia.

En el caso que este martes quedó visto para sentencia, según explicó el presidente de la comunidad, se percataron de las irregularidades a raíz de que se fuese la luz en todo el edificio. Cuando llamaron a la empresa suministradora les informaron que se habían devuelto varios recibos. Lo mismo ocurría con el agua. Así las cosas, los afectados comenzaron a indagar y consultar los extractos bancarios, descubriendo que faltaba una suma importante de dinero que ascendía a 9.982,40 euros. "En mi última reunión con ella le pedí las cuentas y me envió un excel hecho por ella, sin ningún documento", explicó el presidente de la comunidad ante el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón. "Tenía barra libre", remató el afectado.

La procesada prestó sus servicios a estos vecinos de la calle La Paz desde el 3 de marzo de 2015 hasta el 28 de octubre de 2021. Sus honorarios mensuales eran de 54,45 euros. Desde aproximadamente el mes de abril del año 2015 hasta el 28 de octubre de 2021, fecha en la que se acordó el cese de sus servicios, fue cuando comenzaron las operaciones extrañas de dinero. En la vista de este martes también declaró la administradora que contrataron para sustituir a la ahora acusado. "La ley le obliga a darme traslado de toda la documentación, pero se limitó a enviar el libro de actas y una factura de la empresa suministradora de energía", explicó la testigo. "Revisé los cinco años anteriores de las cuentas, pero no justificó ninguno de los gastos", añadió esta nueva administradora, que también desveló ante el juez que no era la primera comunidad de vecinos que llegaba con problemas después de haber tenido contratada a la ahora acusada, al frente de LFC Gestores.

En la misma línea apuntó el perito contratado por la comunidad de la calle La Paz para auditar las cuentas. "Yo ya he visto reflejado lo mismo en otras comunidades de vecinos", apuntó este hombre en referencia a la acusada. Además de ratificarse en su informe quiso matizar que estaba hecho con la documentación que le fue aportada, sin perjuicio que el dinero que él detectó sin justificar pudiera varias si luego aparecieran facturas que acreditasen otros pagos. El por qué de esta consideración radica en que la abogada defensora aportó una factura de alrededor de 3.000 euros de unas obras que se habían llevado a cabo en el tejado del edificio de la calle La Paz y que presuntamente abonó la acusada.

La procesada, por su parte, negó los cargos y argumentó que todo se debió a errores en la tramitación, según explicó el abogado de la acusación tras la vista oral. En la sesión, todas las partes elevaron a definitivas sus conclusiones. Tanto la fiscal como la acusación particular, representada por el abogado Rafael Felgueroso, mantuvieron su petición de tres años de cárcel, inhabilitación durante el tiempo de condena y la devolución de los 9.982,40 euros a la comunidad. Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución de su clienta y, subsidiariamente, que se tuviera en cuenta el pago de las obras del tejado para minimizar la responsabilidad civil en caso de condena. El juicio quedó visto para sentencia.

Pero el historial delictivo de Paloma A. V. no se detiene en la calle La Paz. También tomaron medidas contra ella, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, los vecinos de un edificio de la calle Juan Alvargonzález, que contó con sus servicios desde febrero de 2016 hasta 2021. "Con ánimo de obtener un beneficio patrimonial injusto y en detrimento de los intereses de los vecinos”, procedía a cargar en la cuenta bancaria de la comunidad, “de manera constante y reiterada incorporando a su patrimonio personal", en suma, 17.123,04 euros. A este caso, pendiente de juicio, se suma otra denuncia más por los propietarios de una comunidad de vecinos de la calle Japón y otra de la calle Marcelino González que se están instruyendo.

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