Motores con ilusión renovada

El gijonés Rufino Acebal cuida con mimo de cuatro de sus bienes más preciados: un Opel Kapitán de 1962, un Seat 800, un Seat 600 y un Peugeot 204. Para uso diario se mueve en otro vehículo, un Mercedes también antiguo, con etiqueta amarilla. Tras la anulación de la ordenanza de movilidad por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias –fallo que el Ayuntamiento recurrirá ante el Supremo–, vuelve a tener esperanzas de que se acabe con una norma que él considera «injusta» y que supone «un gran trastorno» para aficionados al motor como él. «Habrá gente que pueda comprarse un coche nuevo, pero no todos. Lo que no entiendo es que yo no pueda aparcar en el centro, pero sí circular. ¿Si me gasto un depósito de gasoil pero no aparco no contamino? Parece que aquí solo se contamina si no pagas», reprocha.

Con la llegada de la ordenanza, Acebal estaba echando cuentas para oficializar sus coches antiguos y homologarlos como vehículos clásicos, pero explica que ese trámite es arduo y que exige que un ingeniero dé el visto bueno a cada uno de ellos. «Eso implica desembolsar un dinero, es un trastorno, y yo solo quiero mantener estos coches y conservar su matrícula», lamenta. Entiende, además, que la aplicación de la norma fue también injusta porque «no se informó correctamente» a los afectados. «Los que tenemos un coche de gasolina anterior a enero de 2001 y de diésel anterior a 2006, en realidad, podemos tener etiqueta ambiental si demostramos que tenemos los mismos filtros y catalizador que los coches que se matricularon en esas fechas. Es costoso, hay que pagar un estudio de 200 euros, pero mucha gente no lo sabe y ya ha cambiado de coche. Las cosas no se pueden hacer así», asegura. Él cambiaría su coche particular si pudiese. «Todos querríamos tener un coche nuevo, pero para muchos es un lujo», aclara.

Del futuro de esta ordenanza está también muy pendiente Álvaro Villanueva, dueño de una distribuidora de golosinas de Roces. De su flota de siete furgonetas, cinco no cumplen los requisitos para tener la etiqueta. «Por ahora no nos afectaba porque no aparcamos en zona azul, pero se hablaba de prohibir la circulación en 2026 y tres años pasan muy rápido. Cada furgón cuesta entre 35.000 y 40.000 euros, no tenía sentido», dice. Más allá de que los límites le parecían apurados, tampoco entiende «la imposición». «Las furgonetas están bien, dan servicio, tienen las revisiones al día. ¿Tengo que comprar otras porque me lo diga la Alcaldesa? Lo suyo sería que la sustitución de estos vehículos se haga cuando dejen de dar servicio», reprocha. Explica que su coche particular tampoco tiene pegatina y que eso le está provocando problemas para aparcar en el centro cuando visita a su familia.

Paloma Castro asegura ser una afectada «más del día a día». Su Peugot 206 lo aparca aún en El Llano, pero con cada vez más dificultad. «Se nota que mucha gente del centro sube para aparcar aquí y yo no tengo garaje ni mi sueldo me permite cambiar ahora mismo de coche. Como yo estará mucha gente», lamenta. Añade que ella no tiene acceso a una ruta de autobús que se ajuste a su horario para acudir a su trabajo en Somió. «Hay muchos afectados y gente que ya ha hecho el sacrificio de cambiar de coche y ahora no sabe si tendría que haber esperado», reprocha Iván García, portavoz de la plataforma de vehículos históricos.

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