"Lo que está pasando con la urbanización del entorno del Risk’s es una extorsión"

Javier Villamandos Gómez (Gijón, 1971), representante del Grupo Avintia en Asturias y presidente de la junta de compensación del PERI-11A, pide desbloquear el conflicto que mantiene paralizada la futura urbanización y la playa verde del entorno del Rick’s, en El Rinconín. "Hemos seguido los procedimientos legales y hay una vivienda habitada sin ninguna legitimidad", defiende.

–Defienden la legalidad de todo el procedimiento para construir la urbanización.

–Los propietarios de la finca que bloquea la operación, Felipe Palacios y Armanda Prieto, decidieron no vender y ser parte del desarrollo de la actuación desde que se crea la junta en 2020. A partir de ahí, hay una tramitación urbanística compleja y larga de la que se les informa en todo momento. Se hace en estricta legalidad con un Ayuntamiento.

–Pero los problemas empiezan cuando se realiza la transacción por la finca.

–Todas las edificaciones dentro del ámbito eran incompatibles con el desarrollo y había que demolerlas. La suya se tasa y se les abona la cantidad correspondiente en diciembre del año pasado. Intentaron retrasar el abandono de la casa todo lo posible. Cuando por fin la abandonan, vemos que ahí sigue su hijo Felipe. Enviamos muchas notificaciones e incluso también hizo lo propio el Ayuntamiento, pero no sirvió de nada.

–El propietario dice que se le pagó un precio muy inferior por la vivienda: 127.820 euros.

–Hicieron una tasación que no es correcta. El valor de una edificación para un derribo que está contemplado en un plan es muy distinto al de un inmueble en el mercado.

–El hijo asegura que tiene un usufructo.

–El Registro de la Propiedad lo rechazó hace unos días. Dice que es un usufructo sobre una finca que ya no existe y que ya no es suya. Y matiza que ese usufructo no es trasladable a los derechos de edificabilidad. Esto deja claro que se queda como un "okupa". No tiene absolutamente ninguna legitimidad. La junta de compensación presentó el 22 de marzo una demanda de desahucio. Esperaremos a que la Justicia resuelva.

–¿Y por qué mandaron a una empresa "antiokupas"?

–Tras meses de negociaciones sin avances, traemos a una empresa de mediación para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Al ver el revuelo, nos percatamos de que no va a ser una solución. No le damos mayor importancia. No nos arrepentimos de nada. Solo queremos resolver este problema porque hay cien familias que están esperando su vivienda. Este conflicto es ridículo y absurdo.

–El hijo del propietario les denominó "matones" y anunció que emprendería acciones legales.

–No lo son, pero no sé si espera que vayamos con una orquesta de cámara a tocar en la puerta. Hay que ponerle cordura. ¿En qué cabeza cabe que yo venda mi propiedad a la Junta y deje a mi hijo metido en la casa? Es surrealista. Por el momento, no nos ha llegado ninguna notificación de demanda.

–¿Comunicaron al Ayuntamiento como parte de la Junta la decisión de contratar a esta empresa?

–El Ayuntamiento lo que está es muy preocupado por esta situación. No solamente es la administración actuante, sino que además es propietario, tiene un veinte por ciento dentro de la unidad. Tiene la necesidad y la obligación de poner a disposición de toda la ciudadanía, todas las zonas verdes que se están generando.

–¿En qué punto se encuentran las negociaciones?

–El representante legal del matrimonio nos transmite que quieren cobrar por todo, la finca más los derechos, un total de 500.000 euros. Aceptamos pagar por los derechos de edificabilidad 372.000 euros. Un precio muy por encima de su valor, poniendo como un compromiso obligado que la vivienda esté libre. A eso no nos han dado contestación y en los medios asegura que no se va.

–Entonces, ¿están rotas?

–La pelota está en su tejado. Pueden levantar el teléfono en cualquier momento. Nosotros lo único que necesitamos es que la edificación deje de estar ocupada para que el Ayuntamiento pueda recepcionar las obras y podamos derribarla y empezar las edificaciones. Que el inmueble esté desalojado para realizar la operación es una línea roja. No estamos hablando de un caso de vulnerabilidad. Es gente con una capacidad económica sobrada y suficiente.

Está siendo una extorsión.

–¿Y cuáles son los próximos pasos?

–Nos estamos planteando iniciar la construcción de dos de los cuatro bloques y la playa verde, la zona no afectada por el conflicto. Le trasladaremos al Ayuntamiento esta posible recepción, pero queda en sus manos dar el visto bueno. No es lo ideal, pero podría ser una alternativa para avanzar parcialmente.

–¿Qué le transmiten a los compradores?

–Las familias están nerviosas, como es lógico, pero todo esto está causando un perjuicio a miles de personas. Hay un espacio público como es la playa verde por desarrollar, que sería para todos los gijoneses.

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