"La sentencia pone en valor la dirección de la obra", celebran los absueltos

"Satisfacción" y puesta en valor de "una extraordinaria obra pública" entre los absueltos y "prudencia" por parte de las acusaciones particulares para valorar la sentencia de la Audiencia Nacional y estudiar un posible recurso de apelación. Así fue ayer recibida la sentencia del macrojuicio del "caso Musel" por las diferentes partes de un proceso en el que se enjuició si existieron presuntas irregularidades en la ampliación del Musel llevada a cabo entre 2005 y 2011. Fuentes de la Autoridad Portuaria también mostraron su "máxima satisfacción, desde el pleno respeto a las decisiones judiciales" tras el fallo.

Todos los acusados resultaron absueltos, una veintena entre ex cargos públicos y representantes y miembros de las empresas constructoras y de la UTE Dique Torres, ejecutora de la obra de ampliación portuaria. Entre los que se enfrentaban a supuestos delitos de prevaricación, se encontraba el por aquel entonces el director de la Autoridad Portuaria, José Luis Díaz Rato. Su defensa, liderada por el abogado Viliulfo Díaz, reconoció ayer recibir "una de sus grandes alegrías como profesional" gracia a un fallo que, a su parecer, demuestra "la labor y obra" de Díaz Rato.

"La Justicia en España es lenta. A veces llega bien, como en este caso. Desmonta la postura de la Fiscalía y deja claro que no debería haberse llegado hasta este punto por la vía penal", celebró el abogado, que contó para este caso con la colaboración del letrado Javier Díaz Dapena. Y añadió: "Hemos ganado todos los pleitos ¿Ahora quién indemniza el daño hecho? Nos acusaron de todo desde Izquierda Unida, los Verdes y Podemos... ¿Dónde estaba el PSOE? ¿Y la Autoridad Portuaria? Han sido muchos años de sufrimiento. No se puede acusar como si tal cosa". Otro de los absueltos es el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach. "El fallo produce una gran satisfacción y refrenda que no había nada irregular", señaló. Asimismo, reiteró que "la sentencia reconoce que el proceso se tenía que haber parado en la fase de instrucción" porque "nos habríamos ahorrado años de sufrimiento como imputado de una falsa acusación".

De hecho, bajo su punto de vista, de esta manera la Audiencia Nacional respalda la sentencia del Supremo que en su día confirmó la exculpación contable de Rexach y Rato, como ya antes había fallado el Tribunal de Cuentas. "Lamento la tardanza en hacer justicia. Son nueve años bajo la sombra de esa acusación", finalizó. Su abogado, Agustín Azparren se mostró también "muy satisfecho". No solo por la sentencia absolutoria, "algo que ya esperaba", sino porque también el documento "valora el trabajo que hicieron tanto Díaz Rato como Rexach en una obra de tal magnitud".

Por su parte, fuentes de la empresa Tudela Veguín, se limitaron a señalar que la sentencia "dejaba clara su absolución" como en el resto de acusados. Para esta sociedad inicialmente la Fiscalía solicitó un pago de 80 millones de euros como supuesta beneficiaria a título lucrativo de un supuesto fraude en la obra de ampliación del puerto. Este proceso judicial dejó imágenes como la de la exalcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, declarando como testigo en condición de exconsejera de la Autoridad Portuaria de Gijón. Señaló que "me siento muy feliz con esta sentencia, porque me pareció absolutamente injusta la denuncia y especialmente cuando, como testigo, la acusación me pregunta si la ampliación de El Musel la organizaron presidente y director para dar trabajo a las constructoras, cuando el más riguroso de El Musel, don Luis Adaro, incluso postulaba la 3C", en referencia a la primera propuesta de ampliación portuaria, mucho mayor que la que finalmente se ejecutó y de la "que se desistió porque tenía un gran impacto sobre la playa"

"Me da mucha pena que hayan estado diez años personas penando por este asunto, con la espada de Damocles en la cabeza por una situación injusta. Yo como integrante del consejo de administración fui observadora de todo lo sucedido", zanjó. Felgueroso tampoco olvidó el componente político que de forma paralela desencadenó el caso Musel: "En 2015, el PSOE no obtuvo la Alcaldía de Gijón con José María Pérez porque Mario Suárez del Fueyo (Xixón Sí Puede) dijo que no le podían apoyar porque había estado en el consejo del Musel, que por cierto sólo estuvo en el modificado", recordó respecto a la decisión de la marca blanca de Podemos de no respaldar al entonces candidato socialista. Una decisión que aupó a Moriyón hacia el bastón de mando.

"Hoy es un día de celebración que espero que sirva para arrojar luz sobre lo que el puerto puede representar para el futuro de Gijón y también para reivindicar una visión de la política en la que no todo valga", publicó ayer precisamente el socialista José Maria Pérez, quien echó en cara a Podemos haber construido "un relato entorno al Puerto y no querían reconocer su error" con "graves acusaciones" durante la campaña de las municipales. Pérez también tuvo palabras para Díaz Rato y Rexach: "Sirve para reconocer lo que hicieron: una extraordinaria obra pública en condiciones adversas y preservando el interés público". Otra voz es la de Fernando Lastra. "La sentencia demuestra la incompetencia de los inspectores de la “Oficina europea de lucha contra el fraude”. No hay excusas para el daño moral por una demanda infundada. La realidad es incontestable es que la obra se acabó a tiempo", remarcó el que fuera portavoz socialista en la Junta, donde llegó a comparecer para defender la posición de los técnicos en el estudio de la Autoridad Portuaria. "Supone un rotundo respaldo a una manera de hacer política honesta y valiente que muchos quisieron boicotear mediante la sospecha y la mentira", atinó el secretario general de la formación en Gijón, Monchu García.

¿Y cómo ha recibido la sentencia la acusación? Las dos principales palabras que se repiten son "prudencia" y "tiempo para estudiar" la posibilidad de presentar un recurso de apelación. La Fiscalía Anticorrupción va a analizarla detenidamente para ver si decide un paso más allá. Un camino que también siguen desde el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN), personado como acusación particular. "Somos una organización pequeña sin los recursos necesarios para abordar un caso como este con los grandes despachos contratados por los acusados", recordó ayer su presidenta, Anaya Caraduje. En ese sentido, señaló que "siempre hemos mantenido una acusación popular rigurosa, manteniendo aquello que pensábamos que se sostenía y por los que había indicios más que suficientes, como también hizo el ministerio Fiscal", matizó. Caraduje adelantó que "estudiaremos la e sentencia y valoraremos presentar un recurso de apelación ante la instancia superior, en este caso el Tribunal Supremo" por una causa que, recordó, fue "un escándalo mayúsculo en Asturias en 2014 y del que se hablaba de 196 millones de euros en fraude fiscal. La otra pata de la acusación particular, el abogado del vecino José Prendes también esperará a una lectura en profundidad para decidir si recurrir o solicitar un cambio de jurisdicción.

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