La anulación definitiva de la ordenanza de movilidad de Gijón abre la puerta a recurrir sus multas
Sin la norma vigente ya no es obligatorio exhibir la etiqueta ambiental para circular por Gijón y vuelve a ser gratis la zona ORA para los discapacitados
Por la izquierda, Iván Sánchez, Alejandro Catrain, Ana María García y Adriana Fernández, ayer, en la calle Poeta Ángel González., en Viesques, con los carteles de su lucha contra la ordenanza de movilidad. | Ángel González / R. Valle R. V.
El equipo de Carmen Moriyón escribió ayer su segundo "se acabó" de los últimos días. El primero fue con la inesperada expulsión de Vox del gobierno de Gijón, el de ayer fue con la confirmación del más que anunciado fin de la ordenanza de movilidad sostenible. Un documento que entró en vigor el uno de junio de 2021 tras haber logrado el apoyo en Pleno de PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos, y que no va llegar a cumplir los dos años y medio de vida. El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicaba ayer la firmeza de la doble sentencia del Tribunal Superior de Justicia– que había tumbado la norma por un defecto de forma en febrero– al haber retirado el Ayuntamiento el recurso presentado por la anterior Corporación ante el Supremo. Retirada del recurso aprobada en Pleno el uno de agosto con los votos de Foro, PP –ambas formaciones llevaron la norma ante los tribunales– y Vox.
El fin de la ordenanza supone el fin de las limitaciones de carácter medioambiental a la circulación y el estacionamiento de vehículos en la ciudad y abre la puerta a que quien haya sido sancionado por algún motivo vinculado a la aplicación de la ordenanza, y la sanción no sea firme, pueda recurrir. Reclamaciones que serán a título individual. El Ayuntamiento no actuará de oficio.
Una vez eliminada en julio la restricción de aparcamiento en zona azul para los coches sin etiqueta ambiental lo que ahora desaparece de manera inmediata es la obligación de exhibir la etiqueta ambiental para circular por Gijón, la obligación de pagar por aparcar en zona azul para las personas con movilidad reducida y la limitación de una tarjeta de residente por domicilio. El resto de los cambios que se fijaban en la ordenanza aún no habían entrado en vigor.
Pelayo Barcia, en su momento uno de los tres ediles de Foro que llevaron la norma al juzgado, y ahora concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público festejaba ayer la llegada a meta de su lucha. "En octubre de 2020, desde la oposición, anunciamos que, si el gobierno de la ciudad seguía adelante con su plan de prohibir aparcar y circular a 40.000 gijoneses indiscriminadamente, sin mayor fundamento que la radicalidad ideológica, no nos íbamos a cruzar de brazos e íbamos a plantar cara a esta norma injusta y así lo hicimos", recordaba Barcia tras criticar que el anterior gobierno hubiera puesto trabas para que esa anulación no hubiera llegado antes.
El compromiso de Barcia es redactar una nueva ordenanza de movilidad, pero "mesurada, que siga los preceptos legales que emanan del Estado y de Europa y que contenga una regulación similar a la que puedan tener los municipios de nuestro entorno y tamaño, lo de regular por libre se ha acabado en esta ciudad". Además de eliminar la ordenanza de Movilidad el gobierno de Foro también da por muerte el Plan de Movilidad que se había desarrollado con el mismo espíritu de manera paralela en el anterior mandato con un gobierno de PSOE e IU.
La ordenanza ahora anulada deja en papel mojado la previsión de que, a partir del 31 de diciembre de 2025, hubiera una prohibición generalizada de circulación por el casco urbano para los coches sin distintivo ambiental. Pero, además, deja sin cobertura la propuesta de reordenar la zona ORA sumando a la actual zona azul la previsión de crear zonas verdes (de uso mixto), naranjas (exclusiva para residentes y rojas (exclusivas para rotación).
El colectivo sobre el que la anulación de la ordenanza de movilidad tiene un impacto más directo es el de las personas con movilidad reducida, cuyas organizaciones se movilizaron contra la normativa que ahora decae. Ya pueden volver a aparcar gratis en la zona azul gijonesa solo exhibiendo la tarjeta europea de movilidad reducida que emiten las comunidades autónomas. La ordenanza les obligaba, como a los residentes, a tener una tarjeta específica para aparcar con un coste de 45 euros. Perdieron así, se recordaba ayer desde la Unión de Discapacitados del Principado de Asturias (UMA) un "beneficio" que llevaban disfrutando alrededor de dos décadas. Beneficio con comillas porque desde la UMA se reivindica que "la recepción de determinadas prestaciones sociales o la aplicación de deducciones y beneficios, como la exención del pago de la tasa de la ORA), compensan parcialmente los importantes costes que supone cubrir las necesidades que surgen derivadas de su discapacidad". A partir de este argumentario y de su lucha de estos meses, "el colectivo de personas con discapacidad y movilidad reducida y las asociaciones que las representamos estamos de celebración: hemos recuperado un derecho".
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