El Defensor del Pueblo investiga a Gijón por no hacer la zona de bajas emisiones

Gijón está en la lista de 33 ciudades sobre las que el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación investigadora de oficio por el retraso en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El desarrollo de esas zonas es una obligación para municipios de más de 50.000 habitantes, según las condiciones fijadas en la ley de Cambio Climático y Transición Energética. El anterior gobierno gijonés de PSOE e IU diseñó el desarrollo de la primera zona de bajas emisiones de la ciudad en La Calzada y consiguió fondos europeos para financiar el operativo tecnológico a implantar para su puesta en marcha.

El actual gobierno de Foro y PP ha dejado en suspenso ese proyecto a la espera de una ordenanza específica y ya tiene claro que de hacerse no será en La Calzada. Una de las opciones es convertir Cimadevilla en ZBE en las condiciones actuales de restricción del tráfico.

La investigación anunciada por el Defensor del Pueblo hace referencia a 18 municipios donde aún no se ha iniciado la tramitación de una zona de bajas emisiones, a siete donde la tramitación está iniciada pero la implantación va con retraso y a ocho sobre las que hay información de que se están suspendiendo o dando marcha atrás a lo avanzado en esa tramitación. Aquí está Gijón junto a los ayuntamientos de Badalona (Barcelona), Valencia, Valladolid, Castellón de la Plana (Castellón), Lorca (Murcia), Majadahonda (Madrid) y Elche (Alicante).