Los retos de los Juzgados de Gijón: paliar los fallos técnicos y el "alarmante" auge de bajas

Mejorar los sistemas informáticos para evitar suspender vistas y juicios por fallos técnicos, estudiar una "reorganización" de espacios y agilizar la cobertura de vacantes por la "alarmante" subida de funcionarios que se quedan de baja médica. Estos son tres de los grandes retos compartidos por el nuevo juez decano de Gijón, Julio Martínez Zahonero, y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, reunidos ayer en el Palacio de Justicia por primera vez desde el reciente nombramiento oficial de Zahonero. Los dos magistrados, que celebraron los "buenos datos" de actividad del partido judicial gijonés el año pasado, asumen que la recuperación total de la normalidad, tras los retrasos provocados por las protestas laborales, no se solventarán del todo en algunos órganos hasta "bien entrado el 2025".

Chamorro, que elogió la trayectoria profesional del flamante juez decano, explicó que la gran ventaja que tiene Gijón son sus instalaciones. "El edificio judicial es muy bueno y, si bien es verdad que los espacios se van agotando, creo que es, junto al de Villaviciosa, el mejor edificio judicial de Asturias", aseguró el presidente, cuya valoración compartió Zahonero. "Las necesidades del partido judicial de Gijón no son materiales; lo que nos preocupa son los sistemas informáticos. En este último año se han hecho esfuerzos evidentes, se han renovado equipos, pero las aplicaciones, el ‘software’ para poder trabajar, si sin tener la calidad adecuada", explicó el juez decano, que reconoció que existe "un problema serio con las videoconferencias" y que éste será uno de los "principales" aspectos que pedirá mejorar. También él reconoció que los espacios que habían quedado vacantes en el Palacio de Justicia "se han ido ocupando", con instalaciones como la aplaudida sala Gessel, la primera de Asturias, que permite, con su mampara ciega, que las declaraciones de víctimas vulnerables (especialmente niños) se puedan hacer en un entorno más privado y sin "problemas de confrontación visual" con los acusados. "En ese sentido, Gijón es un modelo para nosotros", aplaudió Chamorro.

Zahonero explicó que, pese a estos espacios que se van llenando, más que una ampliación (una alternativa que por el proyecto constructivo del edificio está prevista pero que no se baraja a corto plazo), lo que podría mejorarse es la "redistribución" de algunos espacios, una petición que se está estudiando ahora para detallar una alternativa concreta. Esta reorganización permitiría "potenciar" algunos servicios, como las oficinas de atención a víctimas de delitos violentos, la de afectados por procesos de desahucios y la de personas con drogadicción, tres áreas que tanto el presidente como el juez decano consideran hoy "fundamentales" pero que, entienden, podrían dar un mayor servicio si más "víctimas potenciales" supiesen de su existencia. Chamorro sugirió la idea de realizar trípticos y que los propios órganos judiciales difundan su uso. También planteó una difusión similar para el servicio de mediación, que considera que podría aumentar su capacidad de trabajo, para lograr que "el órgano judicial actúe cuando verdaderamente no exista otra alternativa".

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En cuanto a los problemas técnicos de los servicios informáticos, a Zahonero le preocupan especialmente los errores de la videoconferencias, porque retrasan la actividad ordinaria del partido judicial. "En un juzgado de instrucción, si por un fallo en la videoconferencia pierdes una declaración, bueno, se reprograma. Pero en un juicio en la Audiencia con diez acusados... Volver a señalar algo así de acuerdo a las agendas de todos los involucrados genera un daño enorme", lamentó.

Junto a estos problemas técnicos, el otro "desfase" generado en la actividad del partido judicial se debe al trabajo atrasado que provocaron las huelgas ya superadas de letrados y funcionarios. "Pese a eso, en el partido judicial en 2023 básicamente han salido (los casos) que han entrado. Hay pequeños desfases en algunos asuntos, muchas por suspensiones por las videoconferencias y otras, sin duda, por la huelga, pero el balance está bastante equilibrado", defendió Chamarro. En concreto, anunció el año pasado en jurisdicción civil entraron 14.379 asuntos y se resolvieron 11.433 y que en instrucción entraron 13.194 casos y se resolvieron 11.739. Los juzgados de lo penal, con 795 casos nuevos, resolvieron 826 –resolviendo por tanto asuntos pendientes del año anterior– y los de lo contencioso-administrativo recibieron 389 casos y resolvió 379. Los juzgados de lo social, por su parte, recibieron 3.017 casos y resolvieron 2.574. "Es una actividad llamativa, muy buena", defendió el juez decano, que estima los retrasos acumulados en instrucción se recuperarán a finales de junio o julio y que los de instancia, sin embargo, entrarán que esperar hasta "bien entrado" el año que viene: "Los jueces no pueden emitir más sentencias". A esto se suma, ahora, un "alarmante aumento" de las bajas médicas de funcionarios, un extremo que preocupa a ambos responsables y que, reconocen, "está afectando al trabajo", por lo que estudian ahora un plan para agilizar la cobertura de plazas vacantes y la formación de interinos.

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