Un gijonés, investigado por denunciar sin base alguna al juez Marchena y al fiscal jefe Alonso

Hace poco más de un año, un gijonés denunció ante el Juzgado número 4 de Gijón que el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dos hijos de éste y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, disponían de cuentas en el extranjero por más de siete millones de euros. Ahora, el Tribunal Supremo no solo establece que la denuncia era infundada y temeraria, sino que deduce testimonio para que se investigue al gijonés "por si hubiese existido abuso de derecho o mala fe procesal", que puede castigarse con multas de hasta 6.000 euros, sin olvidar los daños y perjuicios que pudiesen reclamarse.

En concreto, el gijonés antes señalado indicaba que el fiscal jefe Alonso tenía 1.825.644 euros en cuentas de Panamá. De Marchena decía que tenía cuentas en Luxemburgo con 5 millones: en cuatro cuentas habría recibido 25 depósitos de 25.000 euros cada uno, en abril de 2022; y sus dos hijos tendrían en el mismo banco 2,5 millones, repartidos en 50 depósitos de 50.000 euros, en cuentas abiertas en junio de 2022.

Como única base de la denuncia, el gijonés presentaba una publicación en la página web de la llamada Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap). Añadía que era "trascendental" averiguar si estos ingresos habían sido declarados, porque, "en caso contrario, se estaría ante un posible delito fiscal". Añadía que ese dinero podía ser fruto de "algún delito de prevaricación o cohecho", y si el origen del mismo era delictivo, se estaría ante otro de blanqueo. Pedía además investigar a los magistrados que habían rechazado otras denuncias de Acodap.

Estafa y apropiación

Se trata de una asociación vinculada a un juez apartado de la carrera, Fernando Presencia. Este exmagistrado, así como el líder ultraderechista Alberto Royuela, el hermano de éste y otras personas cercanas, acabaron detenidos por delitos de estafa agravada, apropiación indebida y asociación ilícita, al haber formado una estructura para enriquecerse mediante la difusión de noticias falsas contra la corrupción, en realidad burdos bulos.

Llegaron a esparcir hasta 40.000, entre ellos el asunto de las cuentas de Marchena y Alonso. Lo han dicho ya varios tribunales. El Juzgado número 4 de Gijón, del que es titular la magistrada Ana López Pandiella, dictó, en marzo del año pasado, el "sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito por falta de pruebas". El denunciante recurrió ante la sección octava de la Audiencia, con sede en Gijón, que, en mayo, estimó el recurso. El Juzgado número 4 se inhibió en septiembre en favor de la Sala de lo Penal del Supremo, y ésta, tras escuchar al fiscal, derivó el asunto a la Sala Especial.

Finalmente, esta Sala se declaró competente y dictaminó el archivo. Y es que considera que "la denuncia presentada, como se desprende de sus estrictos términos, no relata concretos hechos imputados a los magistrados y demás personas denunciadas que pudieran ser constitutivos de los ilícitos penales denunciados, sino que especula sobre su posible comisión para el caso de que fueran ciertas determinadas publicaciones sobre la titularidad de determinadas cuentas por parte de los denunciados, certeza de titularidades bancarias sobre la que no se aporta indicio o soporte justificativo alguno. Todo ello evidencia la absoluta falta de fundamento de la denuncia".

Y añade que "el carácter puramente especulativo de la denuncia y los gravísimos tipos delictivos que se imputan sin ningún fundamento fáctico evidencian una temeridad manifiesta", motivo por el que se archiva y se abre una nueva investigación por abuso de derecho o mala fe procesal.

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