Veinte cámaras controlarán una zona de bajas emisiones de La Calzada sin multas

Ni se ejecutarán restricciones al tráfico hasta que no esté publicada la ordenanza reguladora, que no lo estará antes de 2025, ni habrá sanciones hasta que no esté operativo el vial de Jove, cuyo horizonte es ahora mismo toda una incógnita. Pero, en todo caso, el desarrollo en La Calzada de la primera zona de bajas emisiones (ZBE) de Gijón vuelve a estar en marcha. La Junta de Gobierno, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, aprobó en su sesión de ayer levantar la suspensión decretada el pasado mes de noviembre sobre los tres contratos que sustentan el proyecto de La Calzada, que tiene financiación de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética define las zonas de bajas emisiones como el ámbito geográfico delimitado por una administración en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y obligan a que las ciudades de más de 50.000 habitantes a que las implementen. Así que tener una ZBE es una obligación legal para Gijón y tenerla en La Calzada una determinación del anterior gobierno que se consolidó al conseguir fondos europeos para ejecutarla.

A partir de la decisión tomada ayer por los ediles de Foro y PP que participan en la Junta de Gobierno comienza un trabajo técnico de instalación de cámaras y sensores en la zona delimitada –y que el actual gobierno reajustó sobre el diseño inicial sacando de ella Príncipe de Asturias, ampliando su perímetro hasta la avenida del Lauredal y dejando como vial libre José Manuel Palacio para conectar oeste y centro sin restricciones– y un trabajo de concienciación ciudadana y elaboración de una ordenanza específica para regular las zonas de bajas emisiones en la ciudad.

La parte técnica, y en lo que tiene que ver con el denominado núcleo de control, supone colocar veinte cámaras de control de acceso a través de las matrículas y seis de control de aforos y flujos; además de 150 sensores de aparcamiento y nueve paneles informativos. La adjudicataria de este contrato será quien implante la plataforma de gestión y la aplicación móvil, que permita desde recibir información o alertas sobre contaminación a gestionar las matrículas de los coches autorizados para acceder a la zona. Otro apartado técnico es el que tiene que ver con la instalación de ocho sensores para medir la calidad del aire y otros tantos para medir el ruido. Información que manejará el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. La delimitación final de la zona y la ubicación exacta de cámaras y sensores depende aun del resultado final de los trabajos.

La concejalía de Tráfico asumirá de manera directa la elaboración de la ordenanza y para ello tiene previsto convocar en breve una reunión del Consejo de Movilidad donde se creará un grupo específico de trabajo sobre el asunto. Eso sí, el edil de Tráfico, Pelayo Barcia, dejó claro que la elaboración de la ordenanza seguirá unas pautas ya claras desde hace meses: no sancionar hasta que este operativo el vial de Jove, mantener el permiso de paso y estacionamiento a los vehículos adquiridos antes de la entrada en vigor de la ZBE, no fijar fines recaudatorios, limitar las restricciones a casos de contaminación y de carácter gradual y no permanente y fijar los niveles de acceso según la condición del conductor y no del modelo de vehículos para priorizar a residentes y trabajadores. Claro que todo esto hay que ponerlo negro sobre blanco.

La misma consultora que dará apoyo al diseño de la ordenanza impulsará una campaña ciudadana de información. En una primera fase para explicar qué es una zona de bajas emisiones y, cuando ya se concreten las limitaciones, para explicar lo qué pasa y a quien afectan las limitaciones en la de La Calzada. Barcia calculó en unos seis meses el tiempo de tramitación de la ordenanza, abierta a los correspondientes procesos de participación. "Se va a dar mucha información y a sensibilizar sobre esto", remató el edil.

Prórroga pendiente

Se reanuda la actividad para sacar adelante la ZBE de La Calzada pese a no contar aún con una respuesta positiva del Ministerio de Transportes a la petición municipal de prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año el plazo para ejecutar la actuación. No hay que olvidar que la ZBE de La Calzada se incluía dentro de un plan global de 9,3 millones, para los que se recibió de Europa una subvención de 6,9, que sumaba las obras de carriles bicis y bus en marcha; además del servicio municipal de bicis y la ecomanzana de La Calzada.

Pelayo Barcia no valora un escenario donde el Ministerio deniegue esa prórroga. En primer lugar, porque la imposibilidad de cumplir el plazo inicial, tenía que estar ya desde diciembre pasado, no es un problema solo de Gijón, sino que ha pasado en la mayoría de los ayuntamientos y, en segundo lugar, "porque ellos (por el Ministerio) son los más interesados en mantener estos vestigios sanchistas. Nosotros fuimos leales al seguir ejecutando lo que estaban y ellos serán leales porque fueron quienes implantaros estás medidas. Ellos son los más interesados en dar la prórroga para no tener que devolver el dinero a Europa". Los incumplimientos de plazos conllevan devoluciones de dinero que afectan a todo el proyecto presentado a la convocatoria de ayudas. no solo a una parte.

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