En la facultad de Biología de la Universidad de Oviedo nos explicaban las diferencias existentes entre la ecología industrial, como disciplina científica, y el ecologismo, como ideología política. La ecología industrial propone un modelo de economía circular y sostenible que implica una menor presión sobre los recursos naturales y una reducción de la contaminación generada en los procesos industriales a través del uso de todas las tecnologías disponibles.
El ecologismo, por su parte, constituye una ideología, esto es, un conjunto normativo de creencias y valores en base a los cuales se construye una visión de la realidad y una estrategia para transformarla. La ecología, como ciencia, debe ser objetiva. El ecologismo, como ideología, posee un ineludible carácter subjetivo. Desde una óptica ecologista, la movilización ciudadana es fundamental para poner de manifiesto la existencia de un problema de contaminación que afecta a la salud pública. Pero si además de llamar la atención de las instituciones aspiramos a encontrar una solución factible que no comprometa a la actividad económica, es necesario aplicar los fundamentos de la ecología industrial, de la ingeniería, de la ciencia en definitiva.
Desde esta perspectiva, la solución al problema de la contaminación en Xixón pasaría en primer lugar por un análisis técnico de la situación, basado en datos objetivos, que incluya tanto factores medioambientales como económicos y sociales. Es preciso identificar con claridad las instalaciones y procesos contaminantes, realizando estudios de prospección tecnológica con el fin de determinar si existen alternativas viables que conduzcan a su modernización y la consecuente reducción de emisiones.
Posteriormente habrán de buscarse vías de financiación ventajosas para la implantación de dichas tecnologías o el desarrollo de otras nuevas mediante la puesta en marcha de proyectos de I+D+i. Esta premisa de objetividad en el análisis debe ser válida para el gobierno y la administración, pero también para el resto de partidos políticos y las organizaciones ecologistas.
La administración debe garantizar la existencia de una red de estaciones de medición en correcto funcionamiento, cuya ubicación refleje los valores reales de los agentes contaminantes. Asimismo, debe emplear todos los mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental por parte de las empresas, disponiendo de los medios técnicos y humanos que sean necesarios.
Los partidos políticos y organizaciones ecologistas, por su parte, habrán de adoptar el compromiso de avanzar para llegar a acuerdos dejando a un lado criterios electoralistas e intereses particulares. Por último debemos ser capaces de convencer a las empresas de que aplicar los criterios de sostenibilidad ambiental para la mejora de sus procesos productivos no supone una amenaza para su actividad, sino una ventaja competitiva que ofrece una oportunidad real de crecimiento.
Hay quienes relegan a un segundo plano las cuestiones de tipo social y medioambiental. Otros aspiran a capitalizar el descontento vecinal con fines partidistas. Pero frente a estas posiciones existe una propuesta ecosocialista que parte del convencimiento de que es posible conjugar el desarrollo industrial con la justicia social y la protección del medioambiente.
