Leo con preocupación las declaraciones de algunos representantes de partidos a este periódico sobre el proyecto de reglamento de laicidad que estudia el Ayuntamiento. Preocupación que surge de la interpretación que se hace del mismo. El ordenar las actuaciones municipales de forma acorde con el mandato constitucional de aconfesionalidad no se puede interpretar como ir “en contra de la fe cristiana de muchos gijoneses”. El laicismo se apoya en dos principios morales fundamentales: la libertad de conciencia y la igualdad de trato para todas las conciencias. No está en contra de ninguna forma de configurar cada conciencia, sólo está en contra de las estructuras sociales que permiten que unas dispongan de privilegios sobre las otras. El laicismo diferencia claramente los espacios de producción y garantía de los derechos (comunes a todos y todas en igualdad) de los espacios de disfrute de esos derechos (utilizables por cada persona o comunidad).
Es un sinsentido creer que un reglamento de laicidad elimine de los espacios públicos (destinados al disfrute de todos y cada uno) las celebraciones que cada comunidad quiera realizar (como la Semana Santa o la celebración de San Pedro). Lo que el laicismo pide es que las autoridades, responsables de la garantía de los derechos de todos y todas no se identifiquen con las celebraciones de una comunidad concreta, rompiendo su neutralidad. El reglamento trata de dar forma a esa no identificación imprescindible.
Desde el punto de vista de la gestión de una ciudadanía, es inadmisible admitir que los problemas de inflación borren del calendario todas las demás actuaciones necesarias. Si algo se le tiene que exigir al gobierno municipal es la multitarea. Por ejemplo, a pesar de las dificultades sociales hay que seguir optimizando la recogida de basuras y el funcionamiento de los semáforos.
Es falaz afirmar que un reglamento de laicidad esté destinado a “imponer su sectarismo al tratar de suprimir cualquier aspecto que les suene a religión, especialmente católica, de la vida pública de la ciudad”. Sectario es tratar de imponer unas creencias (las mías, las que yo considero verdaderas) a toda la ciudadanía. Es un grave error confundir “la vida pública”, es decir, la forma en que disfruta de la ciudad cada persona o comunidad, con la actuación pública de las autoridades, garantes de la igualdad de derechos de todas esas personas o comunidades, sometida a la sentencia del Constitucional (24/1982) que dice: “El Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso”.
En resumen, queda clara la urgencia en el desarrollo de un reglamento municipal de laicidad que ayude a disipar tantos y tan gruesos errores como los que se manifiestan en una parte de nuestra clase política.
