La visita esta semana de la ministra de Transportes a Gijón para rubricar el protocolo del plan de vías dejó algunas certezas y un reguero de incógnitas que convendría despejar lo antes posible para saber si la transformación ferroviaria está abocada a otra larga temporada de parálisis camuflada de medias verdades. Raquel Sánchez estampó su firma en el Ayuntamiento en presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, y de la alcaldesa, Ana González, para dar por bueno un documento que no recoge ninguna cláusula de obligado cumplimiento, pero sí una serie de pautas que seguir. La principal es la revisión de todos los costes de la operación. Pero el texto no hace mención a dos asuntos fundamentales tras más de veinte años de inacción y litigios partidistas: los plazos y el medio de financiación para construir la estación intermodal y el resto del entramado. Sánchez no dijo al respecto ni una palabra durante su breve estancia en la Casa Consistorial.

Desde ese punto de vista, el paso de la Ministra ha sido frustrante, y no solo por el plan de vías sino también por el otro gran asunto al que se refirió: el vial de Jove. En ambos casos, se limitó a destacar su compromiso político y personal, pero no fijó fechas. Creer en el protocolo para el tren se trata, por lo tanto, de un ejercicio de fe, más aún sabiendo que en nada ata a Sánchez ni a sus posibles sucesores en el cargo. Además, este documento, que no estaba previsto hasta ahora, implica de facto retrasar la elaboración de un nuevo convenio que sustituya al de hace tres años y que será el verdadero pilar del plan de vías.

Pero, junto a estas dudas, también es cierto que la fotografía en la plaza Mayor tiene un valor simbólico. Implica que el Gobierno central vuelve a tener en consideración el plan de vías después de dar por roto el anterior pacto que fijaba la estación junto al Museo del Ferrocarril, para cambiar esta ubicación por la de Moreda. Y que, negro sobre blanco, han quedado unos pasos que seguir que podrán ser reclamados desde otras administraciones o desde la propia ciudadanía. En este sentido, el próximo año será clave para conocer si los siete apartados rubricados hace apenas unos días son papel mojado o un punto de partida consistente. Doce meses en el que los tres firmantes del protocolo se juegan parte de su crédito político.