El Ayuntamiento contrata una ambulancia para abordar el desalojo de la familia de Barros

Los representantes del Ayuntamiento de Langreo no han logrado acceder aún a la vivienda de Barros que tiene que reformar el Cosistorio por sentencia judicial. La familia que reside en la casa se niega a abandonarla temporalmente para que se ejecuten las obras y la negociación entre ambos no ha fructificado. Ayer, trabajadores y representantes municipales se presentaron en la vivienda junto con agentes de la Policía Local aunque finalmente se marcharon tras salir los servicios médicos del domicilio.

El Consistorio consideró que dado que las vecinas que residen en la casa estaban "alteradas" lo mejor sería volver hoy, según fuentes municipales. Y lo harán con una ambulancia medicalizada privada, con un médico y una ATS. Este servicio ha sido contratado por la administración local, que financiará íntegramente el coste.

La familia, compuesta por Herminia Batista y y sus hijas Herminia, Manuela y Ana, ya ha comunicado que no saldrá voluntariamente de la casa. El Ayuntamiento tiene que ejecutar una reforma de la vivienda, derribando parte de la planta superior, ya que así lo ordena un fallo judicial de un litigio que se arrastra de 1996. El Consistorio había dado entonces licencia para acometer la obra de ampliación de la vivienda. El juez dio la razón a un vecino, que presentó una demanda, en una sentencia de 1998 y un auto de 2001 que declaran la obra ilegal y obligan al Consistorio a demoler parte de la planta superior. Y aunque el Ayuntamiento ha buscado un acuerdo con el demandante, no ha sido posible. Tampoco llegaron a buen puerto las negociaciones con la familia que habita la casa afectada.

Las cuatro mujeres reiteran que no abandonarán la casa voluntariamente, según explicó ayer Manuela Sebastiao. "Mi hermana y mi madre tenían la tensión alta y mi madre también el azúcar bajo", dijo. El Ayuntamiento les ha ofrecido trasladarse a un hotel de La Felguera e ir a comer al centro de pensionistas, todo a cargo del Consistorio. Permanecerían allí hasta que concluyese la obra, que estiman podría durar en torno a un mes y medio. El miércoles, el abogado de la familia, trasladó una propuesta al Ayuntamiento, que pasaba por abandonar la vivienda para ejecutar la obra y recibir una indemnización por daños y perjuicios de 60.000 euros. Para renunciar a la casa y adquirir otra pedían una cuantía superior. El Consistorio no estaba dispuesto a aportar más de 70.000 euros por cualquier opción, incluyendo el gasto en la obra y en alojamiento, o bien en indemnización para que abandonasen la casa. No hubo acuerdo.