Como todo el mundo sabe, la pesca es una de las competencias atribuidas por los estados a la Unión Europea. Sus comienzos fueron lentos y con bastante poco contenido; allá por el año 1957 se creó el Tratado constitutivo de la CEE y éste contenía pocas menciones al respecto y tan solo se limitaba a incluir el tema de la pesca dentro de la política agrícola común. En realidad, la pesca por aquel entonces preocupaba poco a los seis miembros originarios. Sin embargo, ya en 1973, con la adhesión de Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, de marcada vocación pesquera, la cosa cambió y emprendió el camino que nos ha traído hasta aquí. Es a partir de ese mismo año cuando la CEE multiplica sus iniciativas en el sector, llegando en 1976 a dotarse de una Zona Económica Exclusiva (ZEE), que excluiría al mar Mediterráneo, participa en la tercera Conferencia de Naciones Unidas para el Derecho del Mar y adquiere ya un peso específico a la hora de decidirse en materia de pesca.
En 1983 nace la que en aquel momento se conocería como la "Europa Azul", dotándose en ese momento de un sistema propio y común de gestión y explotación de los recursos pesqueros en torno a la ZEE. El punto de equilibrio de este nuevo sistema era y es el conocido como Total Admisible de Capturas (TAC) que los responsables de los Estados miembros aprueban anualmente organizando y distribuyendo el sistema de capturas en las aguas comunitarias en base al estudio del esfuerzo pesquero y al estado de los stocks. Junto a la gestión del recurso pesquero se establece el régimen de mercados y el de estructuras. De este último extremo forman parte la serie de medidas y ayudas destinadas todas ellas a la modernización y reconversión de las flotas, a la paralización y amarre en los periodos de paro biológico, etc. Es por tanto que este régimen de estructuras está perfectamente ligado al de gestión de los recursos y serán precisamente estos los que en cierta manera habrán de condicionar el futuro del desarrollo de la pesca en nuestro País.
España ha venido reduciendo su flota pesquera por encima de los estándares y de las exigencias comunitarias. Por el contrario, otros países como el Reino Unido en su momento no cumplieron la normativa en este terreno. Nuestro país se integró en la CEE con efectos del 1 de enero de 1986 y el recelo del resto de los países comunitarios basados en la capacidad pesquera de nuestra flota hizo que se nos impusieran un largo y duro periodo transitorio, por el que se excluía el acceso de los pesqueros españoles a los mares Báltico y del Norte durante diez años y al "Irish Box" hasta 2002, se limitaba a 300 el número de buques que podían faenar en las aguas comunitarias, nunca más de 150 a la vez, se les obligaba a informar de sus entradas y salidas de dichas aguas, imponiéndoseles en ocasiones sanciones especiales y arbitrarias. A pesar de reclamar nuestros derechos históricos para la pesca en el Gran Sol y en el "Irish Box", basados tanto en la costumbre internacional tras su ejercicio durante siglos como en los tratados internacionales, especialmente el Convenio Europeo de Pesca de 1964, los responsables irlandeses dijeron que lo veían muy bien, pero que si España quería su apoyo para ingresar en la Comunidad tenía que renunciar a dichos derechos, lo que no le quedó más remedio que hacer. La integración plena de España en la conocida "Europa Azul" no lo fue hasta el 1 de enero de 1996, no sin antes negociar duro y de forma prolongada, tanto es así que nuestros representantes, con más o menos fuerza, amenazaron con vetar en diferentes ocasiones la ampliación de la Unión Europea si no se ponía fin al régimen discriminatorio al que se sometía a nuestra flota, ya que no era de recibo que estados recién llegados gozaran de un régimen más favorable que el que se disponía para España.
En estos momentos nuestro país llega a esta reforma, mayo de 2013, tras varias décadas de ajustes que no han evitado que en la actualidad parte de la flota se encuentre en graves dificultades económicas y con más sombras que luces. Las causas son diversas: el sobreesfuerzo existente en algunas de las pesquerías y la no optimización de los ecosistemas pesqueros; una estructura de costes que en algunos segmentos de la flota es especialmente sensible a un precio del combustible cada vez más alto, la creciente competencia del resto de los países, la falta de una definición adecuada en lo que se entiende por flota costera y artesanal (la eslora de 12 metros no puede ser término exclusivo), la falta de atractivo y la pérdida de confianza en el sector pesquero por parte de los jóvenes es manifiesta, los sistema de cuotas transferibles individuales (ITQ) propuestos por la Comisión resultan un tanto increíbles si tenemos en cuenta que el pescado sigue siendo un recurso público y que como tal debe tratarse de manera coherente dada su condición. Estas y algunas otras causas son motivo de incertidumbre para nuestras flotas pesqueras.
El ajuste ha menoscabado a un sector al que no se le ha preparado lo suficientemente para afrontar con garantías la situación actual ni el previsible futuro, por lo que es inevitable que continúe el proceso de transformación. El reto consiste en que esta transformación, partiendo de las limitaciones ya conocidas, se realice con el mínimo impacto social posible, con la máxima eficiencia de los fondos y ayudas públicas y con la mejor orientación, preparando al sector para integrar con éxito las futuras tendencias.
Pese a todas las dificultades expresadas España, con más de 10.100 embarcaciones, de las cuales cerca del 81% pertenecen a la flota de bajura, y con la mayor flota de larga distancia de la Unión Europea, debiera tener un papel más importante del que tiene en la negociación de cualquier reforma de la PPC. En estos momentos la reforma comprende numerosos aspectos: la recuperación de los ecosistemas marinos y los stocks pesqueros, la adaptación de la flota a las características de los ecosistemas, la discusión sobre el acceso a los recursos pesqueros, la necesidad de disponer de un sistema científico adecuado orientado al asesoramiento de gestión pesquera, la mejora de la planificación a largo plazo, la dimensión exterior de la PPC, la acuicultura, etc.
La situación de nuestra flota a 31 de diciembre de 2012 estaba formada por 10.116 embarcaciones. Muy mayoritariamente se trataba de embarcaciones de artes menores, 7.782 (76,9%); seguidas por arrastreros, 1.103 (10,9%); cerqueros, 662 (6,5%); palangreros, 402 (4%) y embarcaciones de rascos, volantas y otros enmalles, 167 (1,6%).
En cuanto a su distribución en función del caladero, un 96,1% (9723) de la flota española trabaja en el caladero nacional, mientras que únicamente un 1,4% (143) lo hace en el Atlántico en aguas comunitarias no españolas y otro 1,3% (237) lo hace en aguas del caladero internacional. Analizando un poco más el detalle podemos ver que la mayor parte de la flota (en número de embarcaciones) trabaja en el Cantábrico Noroeste y el Mediterráneo.
Si nos comparamos con otras flotas europeas podemos observar que somos la tercera en términos cuantitativos de embarcaciones después de Grecia, con 16.249, e Italia, con 12.783. Sin embargo, somos la primera en arqueo (384.796 GT,s), lo que viene a suponer un 23,6% del total de la flota europea. También somos la primera en potencia de motor (1.185.861 Kw), lo que representa el 18,1 %.
A estas alturas cuesta trabajo entender cómo con una capacidad del casi 24 % de toda la flota europea, España sólo recibe en términos relativos una cuota que no llega al 12% y de éste el 5% se corresponde a las aguas comunitarias, mientras que por ejemplo Dinamarca, con una capacidad que no pasa del 6%, recibe una cuota del más del 38%. Por eso es fácil entender que España esté por detrás de Dinamarca en capturas de pescado. Aunque quede abierta la posibilidad de aumentar la cuota española, la mayoría de los países comunitarios se oponen para que no disminuya el volumen de sus exportaciones a nuestro país, como bien es sabido "primer consumidor de pescado en Europa": de los más de millón y medio toneladas que consume, importa casi el millón. Como los descartes que suponen hasta el 23% de las capturas, la reforma prevé su gradual reducción hasta un máximo del 5% en 2017. Las especies que no interesen deberán ser almacenadas a bordo y descargadas. España, una vez más, saldrá perjudicada porque dispone de cuotas bajas y solo para determinadas especies, por lo que es probable que tenga que inmovilizar parte de su flota durante una temporada al año. Todas estas reformas nos llevan a recordar actitudes semejantes en tiempos pasados: reducción de las cuotas lácteas, el corte de los olivos, las talas de los viñedos, etc.
A pesar de que puede tener elementos positivos, la distribución de capturas y algunas de las disposiciones de la PPC siguen siendo injustificadas y del todo discriminatorias para España. A pesar de todo, el recelo hacia nuestro país parece instalado de forma permanente en el seno de la Comunidad. Entiendo que a estas alturas, y después de una breve reflexión, bien pudiéramos llegar a una conclusión que no por simple es menos cierta: buenos barcos, mejores tecnologías y cada vez más sofisticados equipos de pesca. Ahora, eso sí, todo ello sin capacidad de capturas. Póngales jaulas de oro a los canarios y retírenles el alpiste, que pronto les llegará la muerte por inanición.
