El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas del Narcea investiga el proceso de adjudicación y ejecución del proyecto de rehabilitación del puente colgante de Cangas del Narcea, cuya obra se realizó en 2013, durante el mandato de José Luis Fontaniella (PP). La querella partió de IU y la Guardia Civil fue la encargada de realizar un informe sobre el desarrollo de la obra, en el que concluye que existen irregularidades por las que llegan al convencimiento de que "se ha tratado, y presumiblemente se ha conseguido, realizar un fraccionamiento de contrato no incluyendo en el proyecto original obras a fin de evitar que excedieran la valoración de adjudicación y eludir la aplicación de normas como la publicidad", recoge el informe policial.
Asimismo, el instructor considera que el alcalde en ese momento, José Luis Fontaniella, ha cometido un presunto acto de prevaricación al "aprobar mediante resolución el pago de las obras ejecutadas y considerar las aún no estaban ejecutadas como obra menor y realizar su adjudicación directa". Además, ve presunto delito de fraude en el exconcejal José Ramón Puerto, en funcionarios y en la empresa adjudicataria.
Se refiere el informe policial a unas obras que formaron parte de un proyecto complementario que supuso un coste de 81.618 euros más. El instructor considera que buena parte de ellas ya estaban incluidas en el proyecto inicial, "por lo que se estaría pagando a la empresa dos veces por el mismo trabajo".
La querella fue interpuesta por IU, en concreto por el portavoz municipal entonces, Samuel Areces, y a día de hoy en el juzgado continúan las diligencias previas. "IU vio que la obra no se ajustó al tiempo en el que se debería haber hecho y que se multiplicó por tres el coste inicial de las obras", asegura el coordinador de IU Cangas, José Manuel Martínez, sobre el motivo que llevó a la agrupación a presentar la querella. Señala que en el informe de la Guardia Civil "dice claramente que hubo un sobrecoste en la obra y fue mal adjudicada desde el principio, y a partir de ahí todas las cuestiones fueron ilegales", subraya Martínez, que se sorprende de que ni el Ayuntamiento ni la Fiscalía se hayan personado en el caso.
Por su parte, José Luis Fontaniella, que reconoció desconocer que se estuviera llevando a cabo una investigación sobre la obra, defiende el proceso de adjudicación. "Todo lo que se hizo fue por la vía reglamentaria y legal. En la documentación municipal se acredita que se adjudica a la empresa más económica con un sistema público al que acudieron las empresas participantes en un acto que dirigen y resuelven los funcionarios", explica. La obra fue adjudicada por 147.000 euros a Contratas Mecuma, 2.000 euros más barata que la siguiente oferta presentada, según se recoge en la resolución de la adjudicación.
