03 de diciembre de 2006
03.12.2006

¡Mon Dieu, ha desaparecido la torre Eiffel!

03.12.2006 | 01:00
¡Mon Dieu, ha desaparecido la torre Eiffel!

Jean François Copé, viceministro francés del Presupuesto, se comprometía ante los parlamentarios de la Comisión de Finanzas, el 21 de noviembre pasado, a que el proceso de mejora de la contabilidad pública mantendría su calendario previsto. Esta reforma prevé que Francia presente sus cuentas del ejercicio 2006 según principios análogos a las empresas: un balance de situación y una cuenta de resultados. El problema surgía porque ese balance de «Francia, S. A.» mostraba una quiebra técnica, con un saldo negativo superior al medio billón de euros: un activo neto de 550.000 millones de euros y el doble de Deuda pública en circulación.

Copé llamaba a la prudencia y alegaba la dificultad de calcular adecuadamente todas las provisiones de compromisos (por ejemplo, jubilaciones anticipadas de sus funcionarios) o de realizar una valoración real y exhaustiva de los activos militares; reconocía que, hasta la primavera, no podrá presentar cifras «afinadas» del patrimonio del Estado francés.


Supongo que el Ministerio tendrá gran interés en reflejar esta realidad porque a partir del 31.12.2006, fecha cierre del primer ejercicio de aplicación de su contabilidad patrimonial, los eventuales pasivos serán cargados al resultado del ejercicio en que se constatan.


En la primavera, el Tribunal de Cuentas de Francia deberá declarar si las cuentas del Estado representan la imagen fiel, estrenando una nueva responsabilidad exigida por la Asamblea Nacional; y tendrá mucho cuidado en evaluar la corrección de sus provisiones, el inmovilizado y sus correspondientes amortizaciones.


Para los no conocedores de la práctica contable simplificaré señalando que se provisiona, como un gasto estimado, un suceso probable, para que, cuando se concrete en la realidad, lo asuma el resultado del ejercicio en que aconteció. En la empresa privada, este aspecto es de vital importancia; piense en un cliente moroso o un cuantioso pleito. Quienes están habituados a lidiar con auditores saben de su afición a las provisiones y lo difícil que es pasar el examen con sobresaliente.


Las experiencias en el sector público de todo el mundo demuestran que, cuanto menor es el Estado, más fácil es superar la prueba del auditor. Desde Canadá o Nueva Zelanda, que presentan estados financieros con una opinión limpia, sin salvedad alguna (Canadá, a estos efectos, es pequeño por detentar casi todas las competencias las provincias), o Australia (con salvedades), hasta la imposibilidad de expresar una opinión sobre las cuentas federales de Estados Unidos, por noveno año consecutivo y con la inclusión del departamento de Defensa como «área de alto riesgo» (en auditoría, se entiende).


Los avances de la informática presupuestaria permiten hoy día mostrar, con rapidez y rigor, cuentas públicas de cientos de millones de euros. Sin embargo, nada más difícil que mantener un inventario valorado y las amortizaciones calculadas con corrección. Esto hace que los reparos (técnicamente limitaciones al alcance) más frecuentes en los informes de auditoría de las entidades públicas sean la ausencia de inventario valorado que detalle la composición por elementos del inmovilizado. Significa no sólo el registro, sino la identificación de los bienes públicos. El Tribunal de Cuentas llegó a denegar opinión, en su informe de fiscalización del ejercicio 1993 sobre el IRYDA (BOE 10.2.98), porque carecían del adecuado inventario las cuentas del inmovilizado por ¡186.730 millones de las antiguas pesetas!


Pues bien, la incorrecta (o ausente) contabilización de este patrimonio también afecta a monumentos muy conocidos. El Tribunal de Cuentas de Francia, en su informe sobre las cuentas de la ciudad de París (ejercicio 2005), reconocía que habían dejado fuera del balance un monumento tan emblemático como la torre Eiffel, que junto a otros asuntos, como la imposibilidad de determinar con precisión los importes anuales de amortización de su cuantioso patrimonio, determinó que sus cuentas fuesen consideradas no fiables.

Puede que, tras estas reflexiones, algún lector reconsidere sus expectativas acerca de la utilidad de la auditoría pública, como un asunto sólo para iniciados. El seguimiento de los medios de comunicación sobre una simple malversación es superior a la disconformidad con relación a la valoración del inventario, por muy cuantiosa que ésta sea. En aquel caso puede no tener influencia sobre la representatividad de las cuentas, mientras que una elevada discrepancia formal en la valoración o las amortizaciones sí la tiene para el auditor y no para el ciudadano. Entiendo que al público esto le importe menos. Por eso, a veces, ponemos titulares como el que hoy he escogido. ¿Hubieran leído este artículo si encabezase como «Provisiones, inventario y opinión en auditoría»?


Antonio Arias Rodríguez, síndico de Cuentas del Principado de Asturias.

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