08 de enero de 2010
08.01.2010

Dinero público y deporte privado

La fiscalización de las ayudas de los gobiernos a los equipos deportivos

08.01.2010 | 01:00
Dinero público y deporte privado

Las conexiones entre los gobiernos y el mundo del deporte profesional son variadas y constantes. Sin ir más lejos, en el Reino Unido, la APFG es una comisión integrada por 150 miembros de las cámaras de los Comunes y de los Lores, que se reúnen periódicamente para hacer recomendaciones sobre la gestión y administración del fútbol inglés y aprobar un informe anual ¡Todo un pacto de Estado para el fútbol!

Las recomendaciones de la APFG abordan los temas candentes del fútbol mundial, aunque algunas tienen un marcado carácter nacional, como la necesidad de una regulación más estricta para evitar que multimillonarios puedan tomar el control de los principales clubes del fútbol inglés. Así, el Manchester United -antes de la familia Glazer- estaba financieramente saneado y ahora adeuda más de 835 millones de euros (645 millones de euros en el caso del Chelsea y el ruso Abramovich, cuya fortuna personal se estima en 8.400 millones de euros).

Está claro que el fútbol interesa más que el cambio climático, el sida o la hambruna de África. Algún pérfido recordará que la Real Sociedad de Protección de Animales de Londres se creó en 1824 antes de abolir la esclavitud en las colonias británicas, en 1833. Pero no nos pongamos dramáticos y perdamos la comba.

Vivimos en la sociedad de la imagen, de la reputación y de los intangibles, en un entorno de medios de comunicación global. Asociar nombres, ciudades o estados con noticias de éxito, de triunfo y alegría es, para la Hacienda Pública, mejor que descubrir un pozo de petróleo. La victoria de España en la pasada Eurocopa produce un efecto sin duda beneficioso para la imagen exterior de nuestro país. No digamos los recientes éxitos del Barça para la marca Barcelona. ¿Cuántos turistas adicionales nos ha traído o cuánto mejoró nuestra exportación? Es difícil saberlo con certeza, pero ayuda mucho un anuncio en portada de toda la prensa mundial.

Esta influencia llega hasta el mundo académico. Tal es el caso de un destacado profesor del nordeste brasileiro, quien me dijo que había concluido su doctorado sobre contabilidad pública en la Universidad de Zaragoza. Cuando yo le hice ver lo acertado de su decisión, por tener Aragón grandes expertos en la materia, me confesó que la razón no fue otra que la victoria del Zaragoza en la Recopa de Europa de 1995. Alguno de ustedes recordará aquel extraordinario golazo de Nayim desde el centro del estadio del Parque de los Príncipes de París, en el último segundo de una prórroga agónica.

En fin, el espectáculo deportivo se cuela sin permiso en las casas de millones de familias e influye en sus decisiones. El propio presidente Lula compitió codo con codo con dirigentes de escala planetaria para llevarse a Río la Olimpiada de 2016 o el Mundial de fútbol de 2014. En estos eventos, las exigencias de rendición de cuentas parecen mayores que en la administración ordinaria (no entiendo por qué) y sus inversiones y gastos serán incluidos en el «portal de la transparencia», donde el Gobierno brasileño divulga en internet sus gastos e ingresos, actualizados permanentemente por la Contraloría General de la Unión (nuestra Intervención General), incluyendo todas las entidades que administren recursos y bienes públicos, patrocinios, incentivos fiscales, subvenciones y créditos, así como los cronogramas de ejecución de las obras y las fases de las licitaciones y los préstamos de bancos públicos. ¡Caramba!, cuánto queda por hacer en Europa.

El Tribunal de Cuentas de Francia acaba de publicar un interesante y valiente informe temático («Los gobiernos locales y los clubes deportivos profesionales») donde se recoge que «la seguridad y la transparencia en las relaciones entre entidades locales y clubes profesionales no están completamente garantizadas, ya sea en la concesión de subvenciones o en la compra de suministros y servicios de las instalaciones deportivas».

Francia ha venido endureciendo la legislación para garantizar el cumplimiento con las normas de libre concurrencia en las ayudas concedidas a las numerosas sociedades privadas (los clubes), así como a limitar el riesgo financiero de las propias entidades.

Desde 1999, las subvenciones directas a los equipos profesionales franceses tienen un límite máximo de 2,3 millones de euros por club y temporada. Además, los ayuntamientos sólo pueden compensar a los clubes por los servicios de interés general que ofrecen (como la formación) y, por lo tanto, no se les autoriza a enjugar un déficit. Sin embargo, en casi todos los casos estudiados, el Tribunal de Cuentas observó que no existe referencia alguna a esos servicios de interés general o son vagos, o incluso contrarios a la normativa. A la postre, los grandes ayuntamientos acaban cayendo en un juego de tahúres, porque todos se saltan las reglas.

Otra forma de intervención, autorizada por el Código Deportivo francés, es el pago de servicios: la Administración compra entradas al club o publicidad en el estadio. Pero dichas contrataciones no pueden superar el 30% de los ingresos de la sociedad deportiva y se limitan a 1,6 millones de euros por temporada.

Ante las dificultades financieras por las que atraviesan algunos clubes, aumenta la participación económica municipal. «En esta materia, a la vista de la caja de resonancia en la vida local que supone un club deportivo, las autoridades locales no cuentan con una verdadera autonomía de decisión», afirma el Tribunal, que alerta no sólo del riesgo legal, sino de la importancia de los riesgos financieros asumidos.

A semejanza de España, los principales equipamientos deportivos de Francia son propiedad municipal, a disposición de los clubes, a pesar de su naturaleza de dominio público. El Tribunal recuerda que debe autorizarse su ocupación formalmente, mediante un contrato. Y la jurisprudencia administrativa francesa ha venido señalando que la base de la contraprestación debe calcularse según los beneficios de cualquier tipo que la ocupación es capaz de proporcionar al destinatario. Como se imaginan, la auditoría encontró muchas irregularidades en este ámbito, que van desde la ocupación sin título del dominio público, sin canon o mediante el pago de una tasa nominal.

El Tribunal cumple con su obligación de criticar las obras de mejora de los estadios ante los ascensos de categoría de los clubes, que deben comprometerse a cumplir las especificaciones impuestas por las ligas profesionales. Y va más allá: recuerda que Francia será el país organizador de la Eurocopa 2016 y cuenta con un programa público de apoyo financiero para la construcción de estadios. Sin embargo, entiende que, en un escenario económico como el actual, de grandes restricciones presupuestarias, deben centrarse exclusivamente en obras de interés público. Pone como ejemplo el complejo deportivo que proyecta el Olympique de Lyon, que costará entre 80 y 150 millones de euros, que se detraerán de otras infraestructuras.

En conclusión, que el informe riñe a todos, especialmente al Estado: «Que debe prestar mayor atención a la relación coste-beneficio de la construcción de nuevos equipamientos, antes de conceder la financiación necesaria». Nada dice de los intangibles o de la imagen de marca, aunque recomienda «conciliar los intereses de los contribuyentes y de los aficionados», redefiniendo la estrategia de apoyo al deporte profesional. Menuda papeleta.

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