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Cataluña: ética, política y lógica

El problema del secesionismo

Qué duda cabe que toda persona tiene el derecho a pensar libremente y a actuar en consecuencia y a promover sus ideas estableciendo relaciones transitivas? Por eso, un catalán independentista tiene derecho a pensar en su independencia, a agruparse para conseguirlo y a luchar en busca de ese estimado fin.

Pero no se puede desconocer que los límites a ese derecho vendrán dados en cuanto choquen con otros derechos homólogos o cuando ese derecho invada territorios que no le corresponden. Por ello, un catalán unionista tiene derecho a sentirse catalán y español a la vez. Y un español del Bierzo o de Bilbao tiene derecho a idearse como español y, por tanto, como parte soberana de León, Euskadi, Canarias, Aragón, Navarra, Murcia, Cataluña...

Este planteamiento nace directamente al aplicar características propias de los valores éticos. Se trata de cualidades que valen universalmente, para todas las personas: admiten la reflexividad, la simetría y la transitividad aplicada a todo el género humano. Así, a esta escala, "todos los seres humanos somos iguales". Somos iguales porque hay un sinfín de operaciones y de relaciones en las que todos coincidimos: buscar alimento físico e intelectual, proveerse de aire para respirar y de condiciones dignas o idóneas para vivir, mantener la libertad de movimientos y pensamientos y todas las libertades que de ahí derivan hasta que empiecen a chocar con otros valores homólogos o con similares valores de otros...

La libertad ética es un valor fundamental e irrenunciable, sin la cual no estaríamos éticamente igualados como seres humanos. Pero los conflictos humanos no son solamente éticos. Si así fuera, todo resultaría mucho más fácil de solucionar. Por ejemplo, la amistad es un valor ético de fácil ejercicio, pero en cuanto entra en conflicto con otros valores, cada cual elige sin mayores problemas sus amigos, sus neutrales y hasta sus enemigos. Y en este proceder nadie ve mermada ilegítimamente su libertad a la amistad. Pero el conflicto entre unionistas y separatistas aunque contiene características de escala ética, es un problema esencialmente político, mediado por dinámicas sociales de carácter moral, grupal, ideológico, que va más allá de las voluntades individuales.

En el nivel político, los derechos y libertades quedan protegidos por el Principio de Legalidad, único que tiene plena capacidad de conectar la igualdad ética (donde la vida de todos tiene el mismo valor) con la igualdad política (la igualdad de todos ante la ley). Pero es verdad que las leyes pueden ser injustas, y, por tanto, debieran ser cambiadas, mejoradas, legitimadas nuevamente. En una sociedad política de estructura democrático-representativa, con la soberanía residiendo en la nación o pueblo español, no cabe otra opción legítima de cambio que la mediación legal de las instituciones representativas del Estado y la sanción "democrática" del conjunto de la sociedad política. Sustituir el conjunto (españoles) por un subconjunto (catalanes) sería ilegítimo. No en vano los independentistas aseguran ser ya un Estado nación y no pertenecer a España, porque sin ello no habría legitimidad; pero es obvio que se defiende como un desiderátum, como objetivo futuro que imaginan unir legítimamente con un punto histórico virtual del pasado.

Pero ¿no hay sobrados casos históricos donde los estados oprimen ilegítimamente a regiones étnicas o a naciones previamente anexionadas...? Si este fuera el caso del conflicto entre la Cataluña-secesionista y la Cataluña-unionista y el resto de España, entonces se evidenciaría el maltrato hacia los catalanes secesionistas, en cuanto sujeto ético, por parte del Estado y de los unionistas. Veríamos entonces a separatistas a quienes no se les deja pensar, ni expresarse ni organizarse y que incluso no podrían acceder a la misma educación o sanidad... Pero es evidente que esto no es así, y que la opresión que el secesionista pudiera sentir no nace de relaciones éticas subyugantes, sino de un hiato entre lo que tiene políticamente y lo que desea éticamente.

Toda esta insidiosa problemática tiene que ver en gran medida, entonces, con tener clara la delimitación de los problemas axiológicos, en su triple estrato: ético, político y moral. Los derechos éticos pueden preservarse para todos y cada uno, distributivamente, y son en el límite de escala universal. Pero la mayor parte de los derechos no tienen solo características éticas (distributivas), porque al entrar en una asociación estatal -sometidos a las mismas leyes- muchos derechos pasan a ser atributivos -de todos, pero como partes inseparables del conjunto.

Ahora bien, los derechos éticos y políticos se despliegan históricamente y se reordenan entre sí en función de múltiples dinámicas sociales, de carácter moral e ideológico -costumbres, intereses, perspectivas enfrentadas...-, donde se conjugan aspectos distributivos con atributivos -que cabe analizar desde la lógica de clases o conjuntos-. Pero este plano ideológico-moral no será legítimo si no está dirigido por la Justicia, es decir, que aunque cada grupo ideológico pueda moralmente -según su escala de valores propia, no universal- luchar por lo que crea mejor, no le es lícito hacerlo negando el derecho a la lucha de los intereses legítimos contrarios u oponiéndose a que el Estado -la ley global- medie en esa lucha de ideales, mediante resoluciones judiciales.

¡Votemos!, se dirá, pues votar es un acto de clara legitimación política. Pero ese no es el problema, sino quiénes deben votar. Si el asunto tiene que ver con la reorganización de la estructura del Estado global, deben votar todos los españoles. ¿Cuándo? Cuando una masa crítica dentro del Estado español desencadene esa perentoriedad. Por tanto, la vía secesionista tiene un camino legítimo: tratar de desencadenar en el conjunto del Estado español ese plebiscito. Pero no es un plebiscito español lo que se busca desde el independentismo. Este propende a establecer que sus derechos morales -como comunidad regional con un fuerte sentimiento nacional- y sus derechos éticos -como conjunto de individuos que interpretan su libertad ética ligada de determinada manera a su libertad política- son ya derechos políticos. Pero eso es lo que hay que demostrar o conseguir. Los derechos políticos son los derechos que se tienen imantados por el conjunto de leyes de un Estado. Y no hay forma de ver cómo una parte del Estado puede separarse del resto legítimamente sin que lo decida el conjunto. A no ser que esa región retuviera en la Constitución del Estado el derecho a la independencia.

Así las cosas, las vías lógicas que cabría aplicar al problema del independentismo catalán son: 1) El terrorismo; de ello ya tiene España un largo aprendizaje histórico. 2) El golpe de Estado, si quien lo promueve puede aspirar a mantenerlo, frente al necesario contragolpe o a la frágil consecuencia de una guerra civil. 3) La guerra secesionista, si se tiene capacidad de generarla y ganarla y si quienes la promueven poseen suficientes criterios éticos y morales (en conflicto) como para justificarla; en este contexto, la legalidad obligaría al Estado a defender la soberanía nacional mediante la guerra defensiva. 4) La negociación ideológico-moral entre las partes en conflicto -en la que entra toda la sociedad civil española- para proceder, si fuera el caso, a la ulterior legitimación democrática en la forma de una nueva Constitución, único modo de pasar de una legitimidad atributiva a otra legitimidad diferente también atributiva. Los sujetos distributivos son los que deciden, pero según la legitimidad atributiva. De otro modo, se tratará de despotismo demagógico.

Pero esta última alternativa, la negociación, contiene también la posibilidad de que las opciones independentistas pierdan derechos ya conquistados políticamente en el presente. No tener en cuenta todas las potencialidades de un nuevo proceso abierto supone ceguera ética, irresponsabilidad moral y aventurerismo político.

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