Nadie debería rasgarse las vestiduras por la decisión del Gobierno de destituir al general que esta semana anunció su paso a la política en las listas de Podemos. Quien fuera mando principal del Ejército español en la época de Rodríguez Zapatero debería saber que el principio de neutralidad impide a los militares la militancia política e incluso hacer manifestación pública de sus posiciones ideológicas. Si el general José Julio Rodríguez cierra con mácula su intachable hoja de servicios es responsabilidad exclusivamente suya, no del Gobierno. Y si a Podemos no le gusta la ley, que gane las elecciones y la cambie. Dicho lo cual, lo que habría que combatir con la espada de la ley es que los partidos políticos se permitan el lujo de nombrar a jueces afines para tenerlos bajo control sin necesidad de darles cobijo bajo el paraguas de las propias siglas.
