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La poco oportuna actualización de las pensiones de 2021

Los problemas de financiación de las jubilaciones

Las pensiones españolas son altas comparándolas con las europeas. De media en España se cobra en torno al 83,4% del salario medio previo a la jubilación, frente al 58,6% de media en la OCDE, estando este indicador muy por encima del de Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. Pese a la queja de muchos jubilados afirmando que han estado cotizando toda la vida para recibir a cambio una pensión pequeña, según estima el Banco de España, de media perciben 1,74 euros por cada euro cotizado, es decir, de media cobran un 74% más de lo aportado.

Todas las previsiones apuntan a un rápido incremento del número de pensionistas por persona en edad de trabajar, por lo que las pensiones tendrán que caer significativamente los próximos años o compensar su déficit con grandes subidas de presión fiscal. Este indicador se ve fuertemente condicionado por la evolución demográfica. Según el INE, en 2050 la población española de más de 65 años se habrá incrementado en unos 6,3 millones de personas respecto de la de 2020, mientras que la comprendida entre 16 y 65 años habrá disminuido en unos tres millones.

El sistema público de pensiones español comenzó hace pocos años a tener déficit debido a que no es un sistema de capitalización sino de reparto y las pensiones actuales las pagan, no quienes las generaron, sino los cotizantes actuales, aunque ya no todo, porque es deficitario en unos 20.000 millones anuales. En cambio, hasta hace pocos años el número de cotizantes era muy superior al de receptores y así las aportaciones de aquellos cubrían los cobros de estos. En 2007 había 2,71 cotizantes por cada pensionista y en 2018 bajaron a 2,28 y además en estos años los sueldos también bajaron lo que redujo las cotizaciones. Esta tendencia descendente seguirá incluso si mejorase considerablemente el paro.

Para que el déficit de las pensiones no creciese, éstas deberían seguir subiendo menos que los salarios. Sin embargo, en los últimos años la situación ha sido radicalmente opuesta. Según un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), desde 2007 hasta 2018 las pensiones medias han subido un 30%, mientras que las rentas del trabajo han bajado un 10%. Este mismo estudio concluye que en las próximas décadas, de seguir como hasta ahora, según sus previsiones previas a la crisis del covid, lo que las hace optimistas, el Estado deberá aportar entre 38.000 y 62.000 millones de euros al año para cubrir el déficit del sistema de pensiones.

Cabe entonces replantearse la insolidaridad que supondría con los jóvenes actuales mantener el sistema de revalorización automática según el nivel de IPC. En 2020 las pensiones se revalorizaron el 0,9%, mientras que para mantener su poder adquisitivo deberían haber bajado el 0,5% pues la inflación del año fue de - 0,5%. La ganancia media neta de las pensiones en 2020 fue del 1,4%.

Si las pensiones de jubilación no se revalorizan anualmente al menos según la evolución del IPC irán perdiendo capacidad de compra, por lo que es conveniente que el sistema público tenga esto en consideración, pues el jubilado tiene pocas posibilidades de compensar dicha pérdida de renta. El anterior sistema de revalorización de pensiones que entró en vigor el 1 de enero de 2014 (Ley 23/2013) en buena medida tenía en cuenta este hecho, junto con la capacidad de financiación del sistema de una forma equilibrada, pero este sistema ha sido suspendido en 2018.

Visto lo anterior, cabe preguntarse si es lógico el planteamiento que hacen muchos jubilados, sindicatos y algunos partidos políticos de que debe garantizarse incluso en la Constitución una pensión mínima y su subida a partir de la variación del IPC. ¿No sería más lógico, por ejemplo, garantizar en la Constitución la suficiencia de recursos para que puedan funcionar bien la justicia o la sanidad, no como ocurre ahora? ¿Por qué si hay una crisis económica que disminuye la renta media de los ciudadanos, en cambio, los jubilados deben disponer de forma garantizada de igual o mayor renta en dicho periodo a costa del resto de la población, como ocurrió con la crisis de 2008?

Mejor que subir las pensiones según el IPC sería evaluar con cuidado todas las variables que afectan a su cuantía (esperanza media de vida, aportaciones hechas al sistema, edad media de jubilación, límites mínimo y máximo, ratio de cotizantes sobre perceptores, evolución general de la economía, justificación o no de percibir más de una pensión, etc.), basándose en razones de justicia y no hacer análisis parciales considerando sólo una variable y fundamentados en el oportunismo del momento. Por ejemplo, el actual empeño de Unidas Podemos de no incrementar de 25 a 35 los años de referencia para calcular la pensión es una postura reaccionaria e injusta porque supone que parte de la pensión que algunos han generado se pase para otros.

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