Seguramente los fans de la saga de “Mundodisco” de Terry Pratchett recuerden la frase que el autor atribuye al filósofo Ly Tin Wheedle: “El caos se encuentra en mayor abundancia cuando se busca el orden. El caos siempre derrota al orden porque está mejor organizado”.
En cierto modo, la administración autonómica asturiana existe a pesar de su propio caos. Pero antes hay que entender el concepto moderno de lo caótico. El caos ya no es un abismo oscuro de destrucción y cenizas, sino un complejo mecanismo impredecible, pero que no por ello resulta improductivo. Los científicos han constatado que el comportamiento de la naturaleza, que suele alcanzar con pertinaz éxito sus objetivos, obedece a patrones caóticos. El caos tiene sus reglas, aunque no lo parezca.
La inercia de la gestión administrativa hace que ésta termine por conseguir sus fines, pero quizás no de la forma más eficiente. La tramitación de un expediente, por ejemplo, tiene pautados los pasos al milímetro, pero en esa secuencia matemática se instala el caos: comunicaciones que se retrasan, informes preceptivos que se demoran, procesos que se eternizan. Al final, pongamos por caso, la licencia se concede, pero todo el proceso para lograrlo ha resultado ser ineficiente. Solo si hay un control y una vigilancia exhaustiva se consiguen resolver rápidamente los asuntos: véase el caso Amazon.
El reto que suponen los fondos europeos de recuperación tras la pandemia va acompañado del reto de tramitarlos. Aún quedan muchos flecos que definir acerca de esas ayudas, pero un resumen sería que España tendrá que gastar en tres años 72.000 millones de euros, a los que deben sumarse unos 37.000 millones correspondientes a fondos habituales del Presupuesto Comunitario. ¿Puede la Administración soportar el embotellamiento ocasionado por miles de trámites, informes, contrataciones, justificaciones y procedimientos? La solución que se plantean los distintos gobiernos autonómicos pasa por contratar temporalmente a más personal. La razón estriba en las rigideces que impiden que la respuesta de la Administración pueda ser ágil, que sea posible desplazar personal allá donde las necesidades urgen: en definitiva, aquello que en cualquier empresa privada se asume (no solo por los directivos, sino también por la plantilla) en unos tiempos de vertiginosa evolución como los nuestros.
Sin embargo, da la impresión de que se olvida que la Administración regional es en realidad la empresa que tiene como fin hacer más fácil la vida a los ciudadanos, atajar con rapidez sus problemas, otorgarles protección e impulsar las iniciativas que puedan redundar en el beneficio común. En cambio, muchas veces se convierte en obstáculo, traba, impedimento y freno hasta la exasperación. No es una voluntad consciente pero es el resultado final de muchas voluntades quizás más preocupadas de su propia situación que de los objetivos finales. El Gobierno regional se ha puesto él solo los deberes de reformar ese caos causado por el exceso de orden. Es un propósito complejo que comenzará a cobrar forma en el verano, cuando lleguen a la Junta General los proyectos de ley de simplificación administrativa y de Función Pública. Ahí será el momento de pulsar el interés de los partidos políticos por resolver un problema que todos señalan, porque será necesario que haya un amplio consenso de las formaciones. También podremos comprobar la voluntad de los sindicatos por construir una administración moderna sin que ello menoscabe derechos, pero sí que acabe con esa imagen del funcionario asentado en los privilegios. Si los partidos olvidan su clásico afán por convertir la administración en una agencia de colocación para afines o un instrumento politizado, y los trabajadores asumen que viven en un mundo en el que el conocimiento cambia y evoluciona, la formación en las nuevas tecnologías es casi un deber personal y la optimización para mejorar la productividad es la clave de la supervivencia, seguramente el objetivo pueda alcanzarse. De otro modo, terminará en otro intento más de tratar de embridar una inercia que ya empieza a demostrar sus riesgos. La mejor evidencia: que ante el reto de tramitar las ayudas europeas haya poco margen para distribuir el trabajo.
El caos en sí no es negativo, lo es la ineficacia. Muchos teóricos sobre el comportamiento de las organizaciones y empresas consideran que un margen caótico (plasticidad ante lo impredecible, capacidad para adaptarse rápidamente o evolucionar de manera autónoma) es positivo. Lo contrario es someterse a una rigidez que anquilosa. Es la paradoja que le ocurre a la administración asturiana: que el orden inmutable termina por ser el caos. Recuerden al sabio Wheedle.
