El conjunto del país descansa, de una u otra forma, sobre un tercio de la población total: sólo uno de cada tres trabaja y recibe ingresos ajenos para sostener todos los sueldos y subsidios públicos; esto es lo que se desprende de la publicación de la última EPA (Encuesta de Población Activa). Pero si se descuenta la “actividad zombi”, la tasa contributiva efectiva baja aún más. Las complicadas turbulencias económicas hacen poner el foco en las dos partidas de gasto destacadas: 163.000 millones de euros al año en pensiones y 140.000 en sueldos públicos. Mientras, siguen desbocadas las partidas del mastodóntico gasto improductivo en subvenciones y ayudas públicas superfluas. Unos 115.000 millones de euros públicos se gastarán de más, cuando los ingresos previstos en los presupuestos para este año caerán no menos de 75.000 millones de euros. La solución planteada: subir impuestos a los salarios. Así por ejemplo, un salario medio de 32.000 euros paga 15.000 en impuestos directos. O un millón de autónomos que facturan 1.500 euros pagan 433 de cuota, 300 de IVA y 200 de IRPF y les queda 567 euros. Hechos como éstos desalientan la actividad productiva.
De los datos agregados de la EPA se concluye que de los 47,3 millones de habitantes en España, poco menos de 8 millones son menores de dieciséis años. Esto daría unos 39 millones de personas en edad de trabajar. Pues bien, de ellos, 16 millones son inactivos (estudiantes, jubilados, prejubilados, incapacitados, amas de casa,…) y 23 millones están incluidos el sector productivo del país. Del monto de activos, hay un bloque de ocupados que alcanza los 19 millones y otro de 4 millones que son parados, a la espera de poder reengancharse al mercado laboral. Del conjunto de ocupados, 3,3 millones son sueldos públicos (1,4 millones de funcionarios, 800.000 empleados laborales, 720.000 otros empleados y 380.000 industria política) y 15.700.000 ocupados del sector privado (3.000.000 autónomos y 12.700.000 trabajadores por cuenta ajena). Aplicando la proporcionalidad matemática tenemos que un 33% de la población mantiene al resto: 15,7 millones para 47,3 millones de habitantes. Pero si descontamos la cifra de “ocupados zombis”, es decir, 750.000 personas en ERTE, 510.000 autónomos que han solicitado el cese, 300.000 demandantes de empleo no ocupados, 400.000 con disposición limitada. A los que se podía incluir, al menos, otros 700.000 de personas desanimadas y ocupadas parcial e involuntariamente, con lo que el número que cuenta en realidad de forma positiva a las arcas del estado bajaría a los 13 millones. Esto significaría que el 27,5% de la población procura hoy impuestos de forma efectiva al resto de la población. En el mismo sentido la Fundación de Estudios Económicos confirma que el paro y el subempleo llegan al 29%. El propio SEPE afirma que hay hoy 7,2 millones de demandantes de empleo. Estos números dan para algunas conclusiones. España es un paraíso a los desincentivos al trabajo: a la movilidad, al emprendimiento y a la fiscalidad. Que la bajísima actividad tiene relación bidireccional con la debacle económica. Que España no es un país de camareros ni siquiera de autónomos, sino de empleados públicos. Que en la España actual hay unos siete millones de hogares donde no trabaja nadie. Que el número de desocupados aumenta por el lado de la mano de obra no cualificada, pues los mejor preparados emigran. Que el alto desempleo juvenil tiene su origen en una enseñanza desconectada con el mercado laboral que no cultiva el esfuerzo ni la proactividad, lo que provoca un alargado retardo con los países en competencia. La historia económica ha demostrado que las políticas forjadas en los subsidios y en la sobrepresión impositiva reducen la actividad productiva. Los cálculos son contundentes y reflejan una realidad incómoda: estamos cerca de la línea fatídica de la estanflación: estancamiento económico con aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo elevadas. Malos tiempos para encarar los nuevos desafíos de la revolución tecnológica en pasividad y conformismo.
