El vergonzoso fiasco de la licitación de la primera fase de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes es, además de un jarro de agua gélida para la sociedad gijonesa, un ejercicio de irresponsabilidad política que debería tener consecuencias. Haya sido por desconocimiento o por incompetencia, la Consejería de Salud incluyó en el documento unos precios de los materiales completamente desajustados, según los constructores, impropios incluso de la etapa anterior a la crisis de suministros. Y el resultado ha sido que ninguna empresa se ha interesado por los trabajos. Este fracaso supondrá un retraso de, como poco, medio año en todo el proceso. Es decir, tras casi una década de dimes y diretes, el principal complejo sanitario de la ciudad tendrá que seguir esperando por una fecha para su renovación, que piden al unísono tanto los profesionales como los pacientes debido a la falta de espacio para muchas especialidades y a la antigüedad de una parte de la maquinaria. El destrozo no puede ser mayor.

El plan de ampliación del Hospital de Cabueñes es la gran inversión comprometida por el Principado con Gijón para los próximos años y una de las mayores obras en la ciudad en esta década. Y tiene una incuestionable importancia económica y social porque afecta directamente a la salud y a la calidad de vida de sus habitantes y de los vecinos de Villaviciosa y Carreño. Por eso, la licitación de la primera fase en 45 millones a mediados de octubre provocó un chorro de ilusión colectiva. El proyecto preveía construir de facto un nuevo centro sin que las obras, de 29 meses, perturbasen la actividad médica normal, duplicando la superficie y adquiriendo utensilios médicos de última generación. Nada de esto se hará ya en el tiempo prometido.

Aunque, en realidad, aquel rayo de sol de la licitación pronto quedó tapado por la nube gris de las dudas. Los constructores no tardaron en advertir del profundo desajuste de los precios que recogía el documento. Y, sorprendentemente, no solo se encontraron con la indiferencia del Principado, sino que el consejero de Salud les contradijo al asegurar que había “firmas interesadas” en asumir la obra, tal y como repitió la alcaldesa de Gijón durante el último estado del municipio. El tiempo ha demostrado que aquella aseveración era falsa. Hace dos días hubo una asunción de responsabilidades por parte del Principado. Es lo mínimo exigible.

Pero lo realmente triste del despropósito es el frenazo en sí de la ampliación. No solo por los beneficios ya citados que acarreará este plan para los gijoneses, sino porque se iba a convertir en un elemento de dinamización de la economía local tras dos años negros. Lo único que cabe esperar ahora es que se agilicen al máximo los plazos para retomar el proyecto. Y que el Gobierno regional se lo tome realmente en serio.