Las opiniones sobre las medidas a tomar contra la pandemia del covid-19 aparecen cada día en los distintos medios de comunicación. Es lo más sano en un estadio democrático. Claro que creo necesario leer la “letra pequeña” de cada una de ellas. Porque no es lo mismo una opinión técnica pronunciada por un/a científico/a, es decir, una persona experta, un/a virólogo/a, un/a epidemiólogo/a que la de una persona que se incomoda porque le molesta la mascarilla, ya sea en espacio abierto o en el interior de un edificio, en un estadio grande o en un pequeño teatro. O quien ostente una profesión o defienda un negocio. Y por supuesto, quien mantiene una posición electoralista, sea o no tiempo de elecciones.
Señalo esto porque el miedo y las conveniencias son esenciales a la hora de manifestar una opinión. El miedo de una persona mayor, autoconfinada por precaución, suele ir en un sentido. El miedo de un/a político/a con responsabilidad puede ir en otro. Y el de uno/a que no gobierna, distinto a los demás. Aunque generalmente va en el de “mojarse” lo menos posible. ¿Por qué? Pues porque llevamos mucho tiempo en campaña electoralista. Oficialmente no se contemplan comicios a la vista a nivel nacional pero algunos de los que no consiguieron gobernar tras las últimas votaciones siguen en campaña, insisto, electoralista.
Unos/as porque consideran ilegítimo el Gobierno actual, fruto de una alianza entre dos partidos que han conseguido que el Parlamento les respalde numéricamente. Otros/as porque se ven amenazados/as con una posible desaparición o casi ninguneados/as por su baja representación. Son muchas las tendencias con representación parlamentaria. Unos y otros disputan también en los terrenos autonómicos –ahora en Castilla y León– que les dan fuerza para mantener un estatus relevante ante los medios que influyen en la opinión pública, o quizá en la llamada “opinión publicada” –fotos con ganado oportunamente preparadas–, según los intereses políticos de las distintas formaciones.
La democracia viva es la de la controversia, la que transcurre con argumentos diversos entre gobernantes y opositores, la que se desarrolla con propuestas entre unos y otros. Pero en nuestro país esto falla. No hay propuestas y contrapropuestas, hay proposiciones y descalificaciones. No importan o importan poco los argumentos, si los hay. No, lo que prima es la descalificación. El pronunciarse en contra porque sí, lo antes posible, al momento. En cuanto se proponga algo, se insinúe lo más mínimo. Sin conocer el texto de la propuesta. Es la política del no, sin matices. José María Lassalle, quien fuera secretario de Estado con Mariano Rajoy, señalaba en un debate en la Cadena Ser que “la degradación intelectual empieza por las palabras y acaba en las ideas”. En su opinión, “Casado está arrastrado por el miedo a perder el control de unas bases que se agitan y se giran cada vez más a la derecha”, decía este académico en conversación con “El País”.
El Parlamento parece que solamente es un lugar donde se descalifica, se dicen chascarrillos, gracietas, ocurrencias. También mentiras. No se sanciona a nadie por estas cosas. Se borran del libro de sesiones las acusaciones de “comunista” o “fascista” como si en vez de tendencias políticas fuesen insultos, pero no se argumenta. No se discute si es positivo o negativo, solamente si lo han propuesto unos u otros, según su tendencia política o si gobierna u ocupa escaños en la oposición.
Manuel Carmena, magistrada y exalcaldesa de Madrid, que ejerció la política práctica temporalmente, reclama frecuentemente una ley que se pronuncie y corrija los presuntos delitos políticos cometidos por los políticos. Una ley que mida la responsabilidad personal de cada uno en su ejercicio de la política. En ejercicio o en momentos puntuales o decisivos. Las urnas, luego, ¿tarde?, siempre tendrán la última palabra.
