Malversación

El tiempo apremia, Sánchez se ha mostrado públicamente receptivo a reformar el delito de malversación para satisfacer nuevamente a sus socios de ERC y librar a los dirigentes del procés del castigo por lo que malversaron. Eso sí, pretende que sea una rebaja ajustada a ciertos criterios técnicos donde no entre en juego la corrupción. Según parece desprenderse de esta teoría sanchista del indulto, solo es corrupto el que se maneja como comisionista, no en cambio los que utilizan el dinero público para promover un golpe al Estado desde las propias instituciones e iniciar un proceso de ruptura con España, como es el caso de los independentistas catalanes condenados. Ahí no, ahí no existe la corrupción.

De acuerdo con esta teoría descabellada, tampoco sería condenable de la misma manera el que se apropia de los recursos del erario para emprender desde la ilegalidad una aventura política o simplemente para financiar a su partido, que el que se embolsa el dinero a título particular. Al contribuyente debe darle igual el fondo finalista del latrocinio de los recursos de todos, pero el Gobierno, para justificar las rebajas de las penas por la malversación, se ha apresurado a poner de ejemplo países que supuestamente establecen diferencias en el delito cuando se produce el lucro personal y cuando no. Es la misma tesis que ya intentó manejar el PSOE en el caso de Griñán, el expresidente de Andalucía condenado por el escándalo de los ERE y a la espera de indulto.

No hay que darle vueltas; de lo que se trata ahora, como antes ocurrió con la reforma de la sedición, es de llegar a través de rebajas en el Código Penal a una amnistía encubierta de los socios separatistas del Gobierno, que han decidido imponer sus pautas y condiciones en la dirección de este país, que Sánchez les ofrece en bandeja. En resumidas cuentas, una afrenta más a la Constitución y una muestra inequívoca de que la ley no es igual para todos.

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