La imprevisible deriva de la financiación autonómica

Mucho se ha hablado de otras cuestiones y casi nada de una reivindicación troncal del nacionalismo: la cesión a Cataluña de todos los impuestos. El Gobierno central lo rechazó de plano, aunque asumió la tesis de que el sistema de financiación es deficiente y abusivo con esa comunidad. Una dialéctica inquietante en la que corre el riesgo de acabar otorgando concesiones singulares en el reparto, a la vista de los precedentes y del permanente chantaje de los minoritarios. La financiación catalana condiciona la del resto, empezando por Asturias, que sostiene sus servicios gracias a la solidaridad de los españoles.

El tema es árido, con formulaciones y cálculos difíciles de comprender para los profanos. No toca directamente los sentimientos, el combustible del que se nutre hoy el motor de la trivializada y polarizada política moderna, por encima de la utilidad y el racionalismo. Tampoco moviliza a las masas, porque sus consecuencias, aunque graves, resultan imposibles de asimilar de inmediato en números fríos y la sociedad no logra percibirlas hasta que apenas queda tiempo para emprender el camino de vuelta sin causar un estropicio enorme. Pero nada hay más importante sobre la mesa, ni que vaya a condicionar tanto la vida de los asturianos, como el cambio en la financiación, un asunto del que se habló esta semana en Asturias y que seguramente volverá a primera línea del debate público una vez pase el recuento de las elecciones gallegas esta noche. 

El melón quedó abierto en las negociaciones para la investidura. El independentismo lo propició al reclamar un trato especial y bilateral para Cataluña y lo reactivará cuando quiera. Persigue obtener por la puerta de atrás, por sintetizarlo de frente, un cupo como el foral. El que repudiaron paradójicamente cuando, en los inicios del diseño del Estado autonómico, lo consiguieron vascos y navarros. Un privilegio, en definitiva, que les permita aumentar la disponibilidad de fondos propios a costa de reducir la aportación al erario. 

Que el ejecutivo de una nación renuncie a recaudar en una parte de su territorio supone, a decir de los expertos, una rareza mundial. Rompe los cimientos al comprometer la caja de la hacienda central para garantizar la cohesión económica, social y territorial del país. Ceder la gestión fiscal integral a las autonomías abre una dinámica radicalmente distinta y de rumbo imprevisible, el principio del fin de la solidaridad entre regiones y la perpetuación de las desigualdades. 

Si arbitrario fue en su día el arreglo con el País Vasco y Navarra, permitir que se descuelgue del régimen común otra comunidad rica, Cataluña, equivaldría para el Gobierno central a perder el 30% de sus ingresos. Una merma imposible sin que se resientan las prestaciones. Y extender el método a todos los que aportan más de lo que reciben, dejaría inerte al Estado para redistribuir la riqueza y debilitaría su capacidad de mantener pensiones, sanidad, educación y asistencia social en zonas desfavorecidas.  

Asturias, tercera región con más retroceso en financiación autonómica desde 2010

Cualquier presidente anhela más dinero sin subir impuestos. O suprimiéndolos. Una deslealtad enorme. El modelo actual lleva diez años caducado. Es injusto –en particular con Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha–, enrevesado y oscuro. Que Cataluña instigue la reforma no constituye novedad. Las cinco aprobadas desde 1986 nacieron con su beneplácito. Otra cosa es que se aborde desde planteamientos de suficiencia y equitativos para el ciudadano resida donde resida. El contexto para discutir las modificaciones sí presenta distancias con los anteriores: sin una economía boyante que facilite aumentar las aportaciones y sin visos de entendimiento entre los grandes partidos.

Ceder la gestión fiscal integral a las regiones abre una dinámica radicalmente distinta, el principio del fin de la solidaridad y la perpetuación de las desigualdades

Con un mínimo de responsabilidad, antes de decidir sobre cuestiones de tal magnitud, lo procedente sería valorar con detalle y objetividad su efecto. Asturias se la juega, el Principado no puede fallar. El 60% de su presupuesto proviene de transferencias. Unos no ganarán sin que otros pierdan. Y va siendo hora de introducir en la discusión conceptos a premiar como el endeudamiento y la buena orientación del gasto. Con condonaciones a los manirrotos y despilfarradores sale recompensado el negligente y maldecido el prudente. Un buen sistema de financiación debería poner el acento en gastar mejor antes que en gastar mucho. Cuando la demagogia y los intereses bastardos dejen de contaminar a los partidos y de dar pábulo a las imposturas falaces, aspirar a conseguirlo ya no será el sueño de los ilusos