Opinión

Un Estado social y periodístico de derecho

Los intentos de crear un Ministerio de la Verdad

Dando por hecho que somos una democracia consolidada, y que hubo amagos de crear un Ministerio de "la Verdad" o censura española, no debería ser muy pecaminoso modificar las constituciones, por abducción que no deducción.

Es decir, consolidar la búsqueda de la verdad a través de la libertad de información-opinión, puesto que ésta es itinerante, ni se crea pero sí destruye corrupciones y transforma malos gobiernos.

De ahí que el Derecho esté asistido por el periodismo, no a la inversa. Un periodista no llama al juez a declarar, y sí al contrario.

Uno de los padres del constitucionalismo como EE UU, en su Enmienda I, advierte al Congreso de que no coarte la "libertad de expresión o prensa", por ese orden.

Sin hacer abuso de tal libertad, de comunicar ideas y opiniones, el Artículo 11 de la Constitución Francesa declina cualquier atisbo de ministerios de la verdad, reitera en su Artículo 33 la independencia de los medios. Allá cada cual para pender del hilo que ideológicamente quiera, siempre que la verdad esté presente.

El razonamiento abductivo fue practicado por Charles Peirce, que a su vez adelantó Aristóteles con el silogismo, llevado a los términos universales o particulares de la verdad.

La información u opinión no son deductivas, si acaso inducen y dejan en el aire la abducción como un proceso incompleto que debe ser compulsado por el Derecho, en el caso de las corruptelas o desviaciones, típicas de la prevaricación y cohecho en política.

La abducción sigue fundamentada en los principios fundacionales del Derecho, la Filosofía, a quien la mayoría de las escuelas de Primaria o Secundaría siguen ninguneando. Hacemos deducción sin las obligadas premisas, y así nos luce el pelo.

Nuestro Artículo 20, en la Constitución Española, dictamina que no puede haber ningún tipo de censura previa para el ejercicio de comunicar libremente información, eso sí, veraz.

Lo que no dice nuestra carta magna es que la censura sea a posteriori, ahí habría que revisarlo. Cuando la información arrincona cinco días a un presidente en retiro espiritual porque el Derecho no le asiste, está echando mano de la censura a posteriori.

En definitiva, asumiendo los golpes de efecto que suponen los casos de corrupción, tanto supuestos como juzgados, léase el "Watergate" a raíz de una noticia del "Washington Post", el "Tahiti Gate" francés o el último "Koldo Gate" español, todo ello se basa en ese estado social y periodístico de Derecho que toda democracia que se precie debería consolidar.

La democracia se da por hecha, pero es el periodismo quien la refrenda.

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