Preocupados por unas consecuencias que, a largo plazo, pueden hacer mucho daño a las arcas municipales. Así están buena parte de los llaniscos que opinan sobre el "caso Kaype". La concesión de dos licencias ilegales por parte del anterior equipo de gobierno, del PSOE para posibilitar la ampliación de un complejo hotelero situado en primera línea de playa en Barru, que la justicia ha ordenado demoler, y la indemnización de 15,6 millones de euros que reclama la propiedad del hotel en concepto de responsabilidad patrimonial, preocupan y mucho a los lugareños.
"La ley es igual para todos, tanto para los ricos como para los pobres. Las consecuencias del 'caso Kaype' las deberían afrontar quienes concedieron las licencias ilegales", manifestó el vecino de Caldueñu José Antonio Zapatero.
Jesús Cueto, de Posada de Llanes, aseguró por su lado que sería "una injusticia" que "los ciudadanos pagasen de sus bolsillos las malas decisiones tomadas por los cargos públicos".
Una vecina de Celoriu destacó que la gente está "muy quemada con todo este asunto". Esta mujer indicó que no entiende cómo "las personas responsables de conceder una licencia ilegal que le puede costar un dineral a los llaniscos siguen teniendo responsabilidades políticas".
Henar García no dudó en destacar que no le parecería bien que los vecinos "pagásemos los errores de los políticos. Los responsables son los que deberían responder", dijo. Esta vecina de la capital del concejo pidió "diálogo" para intentar solucionar el entuerto "de la manera menos perjudicial para los ciudadanos. Afrontar una indemnización millonaria sería una faena", aseguró.
"Alguien metió la pata hasta el fondo. Parece ser que todos los expertos coinciden en que esa licencia jamás se debería haber concedido", apuntó un vecino de la villa. Añadió que le "fastidiaría" que "Llanes, donde las cosas han ido medianamente bien hasta ahora, se paralice y se venga abajo por un asunto como este".
María Jesús Gutiérrez calificó el caso como "muy injusto". En su opinión, "los responsables son quienes dieron las licencias y ellos deberían hacer frente a las indemnizaciones. Solo faltaba que todo este asunto significara, por ejemplo, que nos subiesen los impuestos", manifestó.
Íñigo Soto, vecino de Puertas, tiene muy claro todo lo ocurrido: "me parece un atropello que se den licencias ilegales y que se salten las leyes a la torera, teniendo en cuenta, además, los antecedentes urbanísticos que hay aquí. Es todo una barbaridad", apuntó. Para este vecino, la política desarrollada por el anterior equipo de gobierno del PSOE en materia urbanística respondía "a hechos consumados". Sostiene que el "caso Kaype" le preocupa porque una posible indemnización "puede paralizar las inversiones públicas durante años y ser la ruina de Llanes. Las consecuencias las deben pagar los responsables administrativos", recalcó.
"¿De dónde vamos a sacar la millonada que reclama la propiedad en caso de que un juez diga que hay que pagarla?", se preguntó María Josefa Ramos. "Quien debería afrontar las posibles indemnizaciones es la exalcaldesa y sus ayudantes", añadió.
Según Marcos García, "el anterior equipo de gobierno, presuntamente, obró de mala fe en todo este asunto. A ningún vecino les dan una licencia en ocho días. Eran débiles con el fuerte y fuertes con el débil. Es un asunto que será largo. Hay funcionarios municipales que no pueden seguir emitiendo informes", resaltó.
Ildefonso Herrero Díaz indicó que la gestión del "caso Kaype" fue un "desastre absoluto". Cree que la responsabilidad deben recaer sobre los técnicos y los políticos. "Si nos ponemos en lo peor puede suponer el fin de las inversiones y de las ayudas sociales", declaró.
