Pilar Martínez Cuyanes, magistrada del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, ha impuesto una multa de 500 euros a la concejala de Urbanismo de Llanes y primera teniente de alcalde, Marián García de la Llana (Foro), por no ejecutar la orden que obligaba al Ayuntamiento a derribar un chalé ubicado en la localidad de Niembru. La vivienda fue construida con una licencia anulada por los tribunales en el año 2007, cuando gobernaba el Ayuntamiento de Llanes el PSOE, con Dolores Álvarez Campillo como regidora. La sanción, según el auto emitido por la jueza, deberá abonarse del patrimonio personal de la edil y no las arcas municipales. Dicha multa es coercitiva y será reiterada cada veinte días hasta que se ejecute el derribo. Marián García de la Llana ha recurrido la decisión.
El auto, un triunfo para el demandante Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, es contundente y supone un revés para la vicealcaldesa. La magistrada ordenó el pasado 20 de abril el derribo de la vivienda al Ayuntamiento, de manera subsidiaria, tras desoír la promotora la orden. Según el auto ha transcurrido "con exceso" el plazo concedido para que la administración iniciase el derribo de la vivienda y no existe motivo alguno para que la demolición no haya comenzado.
La polémica en relación al citado chalé comenzó en el año 2003, cuando se solicitó una licencia para levantarlo. Cuatro años más tarde, el Ayuntamiento de Llanes, gobernado por el PSOE, concedió el permiso, iniciándose los trabajos en 2008. A comienzos de 2012 se paralizaron las obras. La propiedad sostiene que la licencia fue expedida de acuerdo con el planeamiento urbanístico que en aquel momento regía en el concejo, el cual fue anulado por los tribunales de justicia.
El bufete ovetense Álvarez de Linera Abogados inició en marzo de este año, por orden de la propiedad del chalé de Niembru, los trámites, vía administrativa, para solicitar al Ayuntamiento de Llanes una reclamación por valor de 525.000 euros en concepto de daños patrimoniales y morales. Tras no recibir contestación está previsto que en las próximas fechas inicien la vía contencioso administrativa para reclamar esa cantidad al Consistorio.
