El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) no ve inconveniente en que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ayuntamiento de Llanes salga adelante en los términos en los que está planteada y echa así por tierra las pretensiones de paralizarlo por parte de algunos trabajadores municipales que la habían impugnado.
En una sentencia emitida desde la sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal se desestima el recurso presentado por varios funcionarios, entre los que se encuentran el ex secretario, Santiago Fernández Molpeceres, el vicesecretario, Luis Antonio Pueyo Mateo, y el presidente de la Junta de Personal y miembro de la sección sindical de UGT, Ignacio Vázquez, entre otros. Todos pedían impugnar el fallo que ya avaló tiempo atrás la modificación de los puestos de los trabajadores municipales. Pero no sólo no han logrado su objetivo, sino que el tribunal les condena a pagar costas procesales con el límite de 400 euros.
El ayuntamiento de Llanes lleva cuatro años intentando sacar adelante la sexta modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Consistorio. Su presentación para iniciar el proceso comenzó en 2016 con un intento de negociación que fue, desde el principio, infructuoso entre las partes.
Han pasado seis procesos judiciales, un recurso que reunió hasta a 31 trabajadores municipales que, junto al sindicato FESP-UGT, pretendían que la remodelación laboral no saliera adelante, al menos no como la planteaba el nuevo gobierno municipal.
Ahora, cabe recurso de casación para que el Tribunal Supremo tenga la última palabra al respecto, pero la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias parece acercar al fin la modificación ansiada del Ejecutivo local al reconocer que se ha justificado de forma correcta la propuesta municipal.
En el planteamiento del equipo de gobierno, se plantea la creación de trece plazas, la modificación de otras y la supresión de tres más para alcanzar una mejor organización que repercuta en una óptima gestión de los servicios, tal y como aseguran tener por objetivo los responsables municipales.
De este modo, se planteará la supresión del puesto de responsable de prensa y del coordinador de deportes. Otro de los desempeños a suprimir será el del abogado consistorial. La jubilación del actual trabajador ha motivado esta decisión y las funciones del puesto, serán externalizadas con el fin de generar un ahorro a las arcas municipales, sostiene el ejecutivo llanisco. Esta situación se da también en otros ayuntamientos de Asturias, como el de Avilés o Langreo, afirma el gobierno local.
Por otra parte, los responsables municipales tienen planteado modificar los puestos de archivero, tesorero, tres puestos en el el área de Urbanismo y los relativos a los técnicos de Educación Infantil para adaptar el complemento del destino al establecido en el convenio de colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento.
Trece puestos
ta municipal que podrá salir adelante según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias pasa por crear trece puestos. Se trata de un técnico de Administración General, un jefe de sección de Intervención, un técnico de Administración General y un jefe de sección de Contratación y Personal.
También de un técnico de Administración General, un jefe de sección del área de Urbanismo y Patrimonio, un arquitecto, un arquitecto técnico, un auxiliar administrativo para Tesorería y un auxiliar administrativo para el departamento de Obras. Por último, se prevé un trabajador social, un educador social, un asesor de la Alcaldía, un administrativo y un auxiliar administrativo destinado a la Vicesecretaría municipal.
El fallo
El TSJA no ve inconveniente en la Relación de Puestos de Trabajo del gobierno local. Condena además a los demandantes al pago de costas con un límite de 400 euros.
La propuesta
La propuesta del gobierno prevé suprimir o modificar algunos puestos y crear trece figuras en distintos servicios. La tarea de la abogacía consistorial se contratará de manera externa.
El proceso
El ayuntamiento de Llanes lleva cuatro años intenando sacar adelante su propuesta, que se ha visto afectada por seis procesos judiciales y un recurso de trabajadores que reclamaban que fuera invalidada.
